Las carreteras de las provincia de Cádiz registraron 65 muertos en 57 accidentes durante el pasado año

Cárcel para los conductores borrachos o que circulen sin carnet o a más de 180 km/h en autovía o a 110 km/h en ciudad. Esta propuesta del responsable de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, supondría que 1.435 gaditanos que fueron sancionados en un año por estos motivos optarían a penas de prisión de cometer lo que en la actualidad son simples infracciones administrativas. Esta hipótesis, denunciada por la asociación de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), se basa en las propias estadísticas de denuncias de la DGT, que hace dos años gestionaron 61974 infraccciones a la Ley de Tráfico en la provincia. Según los datos de la DGT, el año pasado murieron en 57 accidentes mortales acontecidas en las carreteras de la provincia de Cádiz un total de 65 personas., lo que supone un 23,5% menos que en 2004 y 2003, cuando murieron 85 y 84 personas. El dato se refiere a los fallecidos en las primeras 24 horas tras el siniestro.

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, la propuesta de la DGT, presentada en el Congreso y que cuenta con el visto bueno de casi todos los partidos y del Ministerio de Justicia, no ayudaría al objetivo principal, que es la reducción de los accidentes y de la siniestralidad en la carretera. Y pone como ejemplo al caso francés, donde se han endurecido las penas por infracciones de tráfico, lo cual, afirma, no ha servido para reducir la accidentabilidad.

«Desde 2004, año de la entrada en vigor de esta reforma en Francia, se ha pasado de una reducción de los accidentes del 21% anual a una del 8% en 2004 y del 4% en 2005», asegura, al tiempo que argumenta que cualquier política de castigo o que pase por el Código Penal no sirve para prevenir. «Se quiere regular las situaciones de riesgo en lugar de los resultados de las imprudencias», lamenta Arnaldo, que además cree que una reforma de este tipo dejaría impune las infracciones, ya que las penas, al ser de menos de dos años, quedarían en suspenso para todas las personas sin delitos previos.

La AEA argumenta otra razón de peso. Con estas premisas, optarían a penas de prisión casi 60.000 personas, una cifra similar a la actual población reclusa española, que a 31 de marzo era de 61.918 personas. Es decir, que se doblarían el número de encarcelados en un sistema penitenciario que ya se encuentra al límite.

Sin embargo, esta premisa supondría llevar al extremo la reforma, ya que por ejemplo, en la actualidad el Código Penal contempla penas de cárcel de fin de semana para los conductores borrachos, una medida que «prácticamente no ha se ha llevado a cabo». Además de la sustitución de las penas por multas, es dudoso que los jueces impusieran cárcel a todos los conductores denunciados, por ejemplo, por exceso de velocidad.

Tampoco está claro del efecto disuasor de estas medidas, si miramos el ejemplo francés. La AEA pide que se invierta más en mejorar las carreteras, en personal de la Guardia Civil y en programas educativos.