El Gobierno aplaza un riego del Tajo al Segura hasta garantizar abastecimiento

El Gobierno ha decidido aplazar la autorización de un trasvase desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura como "riego de socorro" para los cultivos de esa zona hasta que el Ministerio de Medio Ambiente haya conseguido una reserva estratégica de agua que permita asegurar el abastecimiento humano durante todo el año.

De ese modo, el trasvase para riego de en torno a 20 hectómetros cúbicos recomendado hace unos días por la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura será estudiado en otro Consejo de Ministros dentro de este mes de mayo, según explicó a Efe la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.

Después de que la responsable de Medio Ambiente expusiera hoy ante al Consejo de Ministros un informe sobre la situación del trasvase, el Ejecutivo ha establecido como "prioridad absoluta" garantizar el abastecimiento para consumo humano en la cuenca del Tajo, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el Levante almeriense, explicó la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

Por eso, añadió, ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente que haga "todas las gestiones necesarias para conseguir una reserva estratégica de recursos para abastecimiento" que lo garantice hasta fin de año y ha decidido supeditar cualquier posible trasvase para regadío a la consecución de esa reserva.

Una vez garantizado el abastecimiento, dijo De la Vega, el Gobierno "valorará la posibilidad de autorizar un trasvase de unos 20 hectómetros cúbicos para riego de socorro de cultivos leñosos".

La vicepresidenta subrayó que, como siempre en este tipo de decisiones, el Gobierno ha actuado con "máxima prudencia, absoluta responsabilidad y todo el rigor, maximizando y rentabilizando todos los recursos".

Por su parte, Cristina Narbona explicó en declaraciones a Efe que las gestiones para constituir la reserva de abastecimiento ya se han iniciado y consisten en conversaciones con regantes del Tajo dispuestos a ceder sus derechos de riego.

Narbona se mostró confiada en que esas gestiones avancen en los próximos días porque la aportación para riego debe hacerse dentro de este mes para ser efectiva.

Así, señaló que en el próximo Consejo, o en todo caso en otro de este mes de mayo y "con la máxima urgencia", elevará la petición de autorizar el desembalse para uso agrícola.

La ministra explicó que esa decisión tiene que ver con la "grave" situación de los embalses de la cabecera Tajo, que ahora mismo tienen la mitad del agua que hace un año y con tendencia a la baja, ya que "está entrando menos agua de la que se va utilizando cada mes para su propia cuenca y para abastecer a las poblaciones de la del Segura.

El Gobierno reconoce asimismo la "situación delicada" de la agricultura que depende del trasvase como consecuencia de la sequía.

La información facilitada por el Ejecutivo asegura que "nos estamos enfrentando al último periodo en el que existe riesgo de desabastecimiento a la población por causas climatológicas, ya que el Programa A.G.U.A. está empezando a dar sus frutos".

Asegura que las desalinizadoras puestas en marcha (San Pedro del Pinatar I y ampliación de Alicante I) y las que se prevé que entren en funcionamiento hasta la primavera de 2008 (San Pedro del Pinatar II, Valdelentisco y Alicante II) aportarán anualmente 135 hectómetros cúbicos, mientras que actualmente el Acueducto Tajo-Segura está trasvasando 144 hectómetros cúbicos para abastecimiento.

A este grupo de desalinizadoras se añaden las de Torrevieja y Aguilas que acaban de licitarse y que aportarán otros 140 hectómetros cúbicos tanto para abastecimiento como para regadío, agrega el Ejecutivo.

El último trasvase autorizado por el Gobierno, que asume directamente este tipo de decisiones en época de sequía, fue de 38,5 hectómetros el pasado 31 de marzo sólo para abastecimiento.

El pasado miércoles, la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura recomendó autorizar un desembalse de entre 15 y 20 hectómetros cúbicos como riego de socorro. Junto a esa recomendación, el Gobierno tenía sobre la mesa los informes de Castilla-La Mancha, en contra de cualquier derivación para regadíos, y de Murcia, que pide un mínimo de 50 hectómetros cúbicos para usos agrícolas.