Casi 120 mujeres han obtenido órdenes de alejamiento desde principios de año

En un momento de especial sensibilidad social hacia la violencia de género, el Cuerpo Nacional de Policía está cumpliendo una imprescindible labor a la hora de garantizar la seguridad de las personas agredidas. La Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) de la comisaría se encarga de ejecutar las órdenes de alejamiento de los 'verdugos' solicitadas por las víctimas y concedidas por un juez. Y sus agentes tienen bastante trabajo, porque en lo que va de año trabajan ya con 119 mujeres maltratadas.

Los inspectores jefe Román Gutiérrez y Antonio Sánchez son los responsables de la UPAP, que trabaja siempre «a posteriori», o sea, después de que los grupos de investigación y la autoridad judicial hayan actuado en un caso de violencia en el ámbito familiar.

Además, esta unidad trabaja codo con codo con el Servicio de Atención a la Familia (SAF), que atiende en primera instancia a las víctimas que, finalmente, van a precisar protección policial. Aparte, Gutiérrez indica que «podemos actuar de oficio, sin necesidad de una denuncia si hay un riesgo inminente de agresión».

Sobre la importante cifra de mujeres con órdenes de alejamiento, matiza que algunos expedientes siguen abiertos desde el año pasado, cuando la unidad brindó amparo a más de 300 maltratadas. Y es que la protección policial se prolonga durante la instrucción judicial de la causa, que puede durar «uno, dos, ocho o más meses. Hasta un año, nunca se sabe». No obstante, también es cierto que en bastantes ocasiones es la propia mujer quien renuncia a esta garantía de seguridad porque se acaban reconciliando con sus parejas.

Medidas integrales

Sea como sea, el inspector jefe destaca que ésta y otras medidas desarroladas por la Ley Integral contra la Violencia de Género representan «los únicos procedimientos penales en que se adoptan medidas civiles». Se trata de una excepción que, según Román Gutiérrez, se adopta «por el riesgo que implica la convivencia y la cercanía» entre agresores y agredidas.

Para la protección y el alejamiento de las víctimas existe un protocolo policial de actuación, en el que los agentes de la UPAP analizan cada caso para determinar «el riesgo potencial» de agresiones siempre después de un episodio previo de malos tratos.

El inspector jefe explica que en cada expediente «se estudia a ambas partes, sus antecedentes, situación personal, trabajo, familia. Y cuanto más riesgo exista, más atención recibe la víctima».

Los agentes garantizan siempre un seguimiento y controles periódicos, en tres niveles de actuación. El primero lo determina un riesgo elevado para la mujer, quien recibe un teléfono móvil por el que puede comunicarse de manera inmediata con los responsables de la unidad, con la comisaría e incluso con los coordinadores del dispositivo a nivel nacional.

Respuesta inmediata

En esta situación están, en estos momentos, unas ocho mujeres protegidas, quien tienen garantizada la inmediata presencia de un vehículo policial donde se encuentren con una sola llamada telefónica. Existen casos aún más extremos, en los que es necesario el traslado de la víctima a casas de acogida de manera totalmente anónima, pero aquí ya intervienen el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y otros recursos públicos a nivel social.

En un nivel medio, la UPAP se encarga de contactar periódicamente con las mujeres, «cada quince días o cada mes, mediante una llamada de teléfono». Por último, en un nivel bajo «simplemente estamos pendientes de las novedades» que ocurran a las usuarias del servicio.

Por su parte, el inspector jefe Antonio Sánchez insiste en que «lo importante es dar confianza» a sus protegidas. Junto a su compañero, ambos en segunda actividad, aportan un trato «especial» a las víctimas y confían en que «dentro de dos o tres años tengamos cinco o seis funcionarios de la escala básica que nos ayuden».