Fernández de la Vega dice que no es posible convocar elecciones

Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de hacer pública la versión oficial del Gobierno. Fernández de la Vega comentó que no es posible, dados los plazos previstos por las leyes mencionadas, convocar elecciones anticipadas en Marbella. La ley fija que no puede haber elecciones con menos de un año de antelación de los próximos comicios municipales, que están previstos para el 27 de mayo de 2007.

No obstante, la vicepresidenta -que telefoneó el lunes por la noche al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, para informarle de la reunión extraordinaria- explicó que, «para evitar cualquier duda o interpretación» y «para que todo el mundo esté tranquilo», en alusión al PP, el Gobierno va a solicitar con carácter de urgencia un informe al Consejo de Estado sobre si son posibles o no las elecciones. Además, pidió que se evite cualquier interpretación partidista sobre el asunto, así como anteponer los intereses generales a los electoralistas.

Garantías democráticas

La vicepresidenta aseguró que como el Gobierno cree que no es posible convocar elecciones anticipadas, considera que la solución es la creación de una comisión gestora, como prevé la ley en los supuestos en los que no caben elecciones. Se refirió a la celeridad del proceso, que «pone de manifiesto el alto grado de madurez de las instituciones». Consideró que esto demuestra también que se dispone de los mecanismos necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado de Derecho y que se pueden afrontar situaciones como las vividas en el Ayuntamiento de Marbella «con plenas garantías democráticas».

Alarma social

La número dos del Gobierno reiteró que el Gobierno no tolerará ni amparará comportamientos corruptos, a los que se propone combatir. Constató la «verdadera alarma social» que producen comportamientos como los ocurridos entre algunos ediles de Marbella, con «un repugnante enriquecimiento ilícito» que se debe combatir.

Respecto al informe que debe redactar el Senado, señaló que están creando un precedente y dijo que no está claro cuál es el órgano de la Cámara que debe elaborarlo, ya que el Reglamento habla de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y la ley de un informe del Senado, sin especificar.