El futuro de Marbella

La operación Malaya en Marbella va deparando un lento goteo de noticias que, no obstante, apuntan coherentemente en una misma dirección: la existencia de indicios consistentes para imputar numerosos delitos a los principales dirigentes del Ayuntamiento de la ciudad de la Costa del Sol y a una trama empresarial complementaria en torno al recién encarcelado asesor urbanístico del consistorio. En este carrusel de informaciones en algunos casos muy sorprendentes, como la descripción del patrimonio fabuloso de ese asesor señalado como cerebro de la trama durante años en tanto la alcaldesa queda caricaturizada como marioneta suya en el propio auto judicial, hay que poner un punto de sordina a la exageración. Tal vez sea inevitable que determinados medios conviertan ese material en carnaza, pero, en este clima de descomposición, conviene fijar rigurosamente los puntos de referencia: restablecer la legalidad en Marbella, defender los intereses lesionados de la ciudadanía y propiciar la normalización política facilitando una transición que deberá quedar definitivamente sancionada en las próximas elecciones. Con la detención de Isabel García Marcos y su previsible ingreso en prisión –medidas cautelares lógicas para evitar la destrucción de pruebas, aunque no concluyan la culpabilidad de los delitos imputados–, queda descartada cualquier posibilidad de sostener el equipo de gobierno que rige Marbella desde la moción de censura planteada en 2003 por el gilismo con el apoyo de concejales del PSOE, posteriormente expulsados de la formación, y el PA. La presunción jurídica no rige en política, y en este plano la alcaldesa y la primera teniente de alcalde tienen su crédito agotado. Por demás, cualquier hipótesis de futuro colisiona con la evidencia de un Ayuntamiento ultraatomizado.