El Congreso aprueba estudiar la regulación de la prostitución

El pleno del Congreso acordó anoche constituir con carácter urgente una comisión de estudio sobre la conveniencia o no de regular el fenómeno de la prostitución voluntaria. La propuesta es una moción de Izquierda Verde-Izquierda Unida (IV-IU) consecuencia de una interpelación formulada la semana pasada al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y recibió el respaldo de los demás grupos, que convinieron en la necesidad de abordar el problema desde sus múltiples perspectivas y dar una respuesta unitaria que ataje la tentación de dejar su tratamiento a la regulación particular que del tema quiera hacer cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento.

La comisión abrirá un proceso de análisis y diagnóstico sobre el fenómeno de la prostitución, sus implicaciones sociales y legales, y la manera de atajar la expansión de las redes de tráfico y explotación de mujeres y niñas con fines sexuales. La Cámara Baja deberá concluir sus trabajos el próximo mes de junio y elevarlos al Gobierno en forma de recomendaciones para que éste decida el camino a seguir.

Aun de acuerdo con la propuesta, las portavoces de ERC y de CiU pidieron que los trabajos de la comisión, que incluirá comparecencias de expertos, no demoren una propuesta de actuación del Gobierno sobre la legalización de la prostitución o no, la persecución de las mafias de tráfico de esclavas sexuales, o el reconocimiento de derechos sociales y laborales, entre otros puntos de la cuestión.

Debate «a fondo»

Todos los grupos apoyaron la moción defendida en el pleno por la diputada de IU-ICV Carme García para mantener un debate «sereno y a fondo» en la Comisión mixta de los Derechos de la Mujer, aunque discreparon sobre las posibilidades de actuar ante la prostitución. García hizo hincapié en la necesidad de analizar la dimensión delictiva, social y de derechos de la prostitución, ya que, si bien la prioridad debe ser la lucha contra las mafias y la explotación sexual, ello «no puede servir de excusa» para no abordar también la situación de quienes ejercen voluntariamente.

La portavoz socialista, Mariví Monteserín, consideró que en España se parte del «marco jurídico adecuado» -no se penaliza el ejercicio de la prostitución, pero sí el proxenetismo y la explotación sexual-, y destacó que la prioridad es la lucha contra toda forma tráfico y de explotación sexual, por lo que el Gobierno trabaja en un plan integral.

Monteserín se mostró dispuesta a estudiar desde todos los ángulos la «compleja realidad» de la prostitución, que definió como «problema de género y de violencia contra la mujer», dado que la mayor parte de los clientes son hombres.

Memoria económica

El PP propuso sin éxito que el dictamen de la Comisión mixta acabara con un plan de medidas con su correspondiente memoria económica, ya que, como dijo su portavoz Enriqueta Seller, no se fían del Gobierno. Seller apoyó la propuesta de IU-ICV para llevar a cabo un estudio que consideró necesario y destacó la posibilidad de incluir en él a la industria pornográfica y a determinada publicidad sexual, como formas de explotación.

La portavoz de CiU, Mercé Pigem, apostó por combatir la prostitución en vez de regularla, desde el convencimiento de que no se puede obviar «la dimensión ética y de dignidad de las personas».