La Junta de Fiscales rechaza el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña

La junta de fiscales de sala acordó proponer al Tribunal Constitucional que no admita el recurso de amparo presentado por el PP contra la tramitación parlamentaria del Estatuto de Cataluña. La decisión fue tomada por quince votos a favor por cuatro en contra, y contradice la opinión de los fiscales del alto tribunal, que por una ajustada mayoría consideraron que se debía admitir a trámite la demanda de los populares.

El partido opositor pretendía que el Constitucional anulara la decisión de la Mesa del Congreso de octubre pasado de tramitar la reforma estatutaria catalana como una ley orgánica porque, a su juicio, se trata de una reforma constitucional encubierta. Tres horas de reunión sirvieron para definir que el criterio mayoritario de la Fiscalía es contrario a la pretensión del partido opositor. Su opinión sólo fue respaldada por cuatro integrantes del máximo órgano de la carrera y los cuatro están considerados próximos al PP.

Hasta que no sea ley

La Fiscalía propondrá ahora al Constitucional que no admita a trámite el recurso de los populares. El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, expuso su postura contraria a que el Constitucional estudiase el recurso, pero adelantó que no votaría y se sometería a la decisión de la mayoría.

El razonamiento central de la junta de fiscales es que el alto tribunal no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto estatutario hasta que se apruebe en las Cortes y se celebre el preceptivo referéndum en Cataluña, es decir, hasta que adquiera el rango de ley. Un argumento similar al que empleó la minoría de fiscales del Constitucional contraria a la admisión del recurso, que señalaron que un pronunciamiento sobre la constitucionalidad sólo se puede hacer sobre leyes en vigor, en ningún caso sobre proyectos, como era el texto estatutario aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre pasado.

El Partido Popular presentó el recurso a pesar de contar con la experiencia de que el Constitucional rechazó uno idéntico sobre el 'plan Ibarretxe' promovido por el mismo partido cuando estaba en el Gobierno. El tribunal utilizó además la misma argumentación esgrimida ahora por la Fiscalía para no admitirlo a trámite.

El jefe de la unidad de apoyo a la Fiscalía General, José Luis Bueren, explicó que la resolución de la junta es «una decisión jurídica», exenta de motivaciones políticas, y confió en que «así se entienda».

Sin soporte jurídico

Indicó que las razones dadas por el PP podrían tener «justificación desde el punto de vista político», pero desde la óptica jurídica «carecen de soporte alguno». También señaló que la mayoría de los fiscales consideró improcedente que la Mesa del Congreso pudiera pronunciarse sobre la constitucionalidad de éste u otro texto legislativo, ya que su labor es comprobar si cumple con los requisitos para ser tramitado.