Diferencias salvables

Y a va quedando menos lugar para las medias tintas. La reforma del Estatuto de Andalucía inicia su recta final con el debate en el Parlamento andaluz, que tendrá lugar el próximo jueves, día 16. Toca, mediante enmiendas y acuerdos puntuales, abordar el nuevo articulado que deberá pasar todavía los exámenes del Congreso de los Diputados y el de las urnas, con un referéndum previsto para febrero del próximo año en el que los andaluces deberán refrendar el trabajo de sus parlamentarios.

Mientras esto ocurre, el Consejo Consultivo también analiza su contenido -a propuesta de PSOE e IU- y emitirá un informe sobre la constitucionalidad de la propuesta.

La iniciativa de la ponencia ha llegado al Parlamento -ya como proposición de ley- con las únicos votos favorables de PSOE e IU. Las otras dos formaciones (PP y PA) le han dado la espalda, aunque por motivos diferentes. El baile político, marcado por estrategias nacionales o como intento de poner en valor propuestas propias, deja paso al debate puro y duro a partir del próximo jueves. Se analizarán entonces los casi 300 votos particulares presentados por PP, PA e IU, aunque en el caso de la coalición de izquierdas se trata de muchos reproches formales, ya que alcanzaron un acuerdo de máximos con el PSOE.

Pese al elevado número de enmiendas, lo cierto es que no hay posturas insalvables. Las controversias han venido, sobre todo entre PP y PSOE, en clave nacional. La campaña contra el Estatut de Cataluña ha obligado a los populares andaluces a mostrar su desacuerdo generalizado con el proyecto andaluz, pese a que ya habían declarado que compartían al menos el 80 por ciento del total de los acuerdos de la ponencia.

Si el Estatut catalán jugó un papel negativo a la hora de llegar a un consenso en Andalucía, el Estatuto valenciano ha tenido el efecto contrario. El PP ha tenido que suavizar su postura estatutaria ante el pacto al que ha llegado su formación con el PSOE para sacar a delante el modelo valenciano.

Las posturas más distantes, al menos en el momento actual, se centran en cinco grandes apartados en los que, salvo en uno, el PSOE siempre ha contado con el acuerdo de otro grupo.

AYUNTAMIENTOS

El PSOE se ha quedado solo en la ponencia defendiendo un artículo que no satisface las ansias de ejecutar la segunda descentralización de PP, IU y PA. Queda mucho que debatir al respecto, máxime cuando esta misma semana se han lanzado dos mensajes contradictorios desde la ejecutiva regional del PSOE. Uno apunta al deseo de los socialistas de negociar con Izquierda Unida una ampliación de competencias delegadas en los municipios. El otro, que el partido pensaba dejar este debate para el Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, PP, IU y PA han presentado votos particulares para que se especifique un decálogo de competencias propias de los ayuntamientos para que se garantice la suficiencia financiera de los entes locales y se incluya a todos los efectos -y no como una mera posibilidad- el Pacto Local. Esto permitiría a los gobiernos locales participar de los impuestos autonómicos.

IU y PA, además, reclaman que desaparezcan las diputaciones provinciales y se creen gobiernos comarcales. El PP, por contra, pide que se refuerce el actual sistema de gestión de las provincias.

COMPETENCIAS

En este apartado se queda solo el Partido Popular. En sus 130 votos particulares, rebaja en bastantes grados lo acordado por la ponencia, que cuenta con el apoyo del PSOE, IU y PA -este último, antes de que abandonara la misma, el pasado 13 de enero-.

El PP quiere que se incluya la denominada cláusula Camps (adoptada por la Generalitat valenciana) que reseña la posibilidad última de que dicha comunidad iguale el grado de competencias de la que más obtenga. Los otros tres partidos quieren llegar a los máximos constitucionales en el articulado andaluz. Reclaman el control de todos los puertos y aeropuertos existentes en la región y, lo más peliagudo, la gestión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). El Ministerio de Medio Ambiente ya habría insinuado su oposición a esta transferencia.

A los populares les disgusta, igualmente, que el Estatuto señale que Andalucía participe en la designación de miembros de órganos estatales, como el Banco de España o el Tribunal Supremo.

También discrepan sobre la creación de la Agencia Tributaria Andaluza y del Consejo General del Poder Judicial autonómico. PSOE e IU fijan al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como la máxima instancia judicial posible, algo que también comparten los andalucistas, aunque su voto no se recoge en la ponencia, porque la abandonaron.

FINANCIACIÓN

Las dos formaciones de izquierda revisaron al alza sus acuerdos iniciales en esta materia tras conocerse el pacto entre el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU, Artur Mas. Lo que se incluye en la proposición de ley que se debatirá a partir del próximo jueves es lo mismo que ya ha conseguido alcanzar Cataluña: La cesión del 50 por ciento de lo recaudado en concepto de IRPF e IVA, más el 58 por ciento de los impuestos especiales. PP y PA siguen insistiendo en que Andalucía pierde económicamente con este modelo, algo que ha negado el propio presidente Manuel Chaves en el último pleno parlamentario.

Los populares, además, aseguran que se pone en peligro la unidad de España, análisis que ha sido muy criticado desde los bancos de PSOE e IU.

INVERSIONES DEL ESTADO

Aunque no abarca un capítulo completo, el caballo de la financiación ha distanciado a PP y PSOE durante la primera fase de la tramitación, sobre todo desde el pacto del Estatut. IU y PSOE han redactado un artículo en el que se reseña que las inversiones del Estado se fijarán por el criterio de población, es decir, que Andalucía recibirá algo más del 18 por ciento del total de las inversiones del Estado -porcentaje que equivale al número de andaluces censados-.

Los populares defienden que el Estado no podrá asimilar una financiación en Cataluña, basada en la aportación del Producto Interior Bruto (PIB), y otra en Andalucía, por el número de habitantes. El PSOE ya le ha respondido a este grupo que el modelo de financiación de España se resolverá en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que en su elaboración participarán todos los gobiernos autonómicos.

NACIÓN

Las dos partidos políticos mayoritarios en Andalucía han tenido claro, desde un principio, que Andalucía se denominará como nacionalidad histórica en el nuevo Estatuto de autonomía. IU y PA, por el contrario, apuestan por el término nación para equiparara a la región con Cataluña, porque si no, según vaticinan, se perderá el tren de las autonomías de primera. Por su parte, populares y socialistas entienden que la sociedad andaluza no está inmersa en el debate sobre la definición de su comunidad autónoma, como pueda ser el caso catalán.