Denuncian al Ayuntamiento por la expropiación ilegal de una finca

Un nuevo caballo de batalla se abre para el Gobierno local. La vecina puertorrealeña Lourdes Ramos ha presentado una denuncia, según se puede comprobar en la página web www.juntoalTeatroPrincipal.com, contra el Ayuntamiento por lo que considera la expropiación ilegal de una finca de 170 metros cuadrados en la calle Amargura. Este solar es de significativa importancia, puesto que la Corporación tiene previsto su derribo para proceder a la ampliación del Teatro Principal, del que es colindante.

La denuncia de la señora Ramos obedece a que a día de hoy, según el Registro de la Propiedad, «yo soy la persona que aparece como titular , y no el Ayuntamiento» según se recoge en el sitio web, donde se asegura que con sólo pedir una copia en dicho ente se puede comprobar este hecho.

Por tanto, se cuestiona la propiedad municipal de la finca con la siguiente declaración: «el Ayuntamiento es el poseedor del inmueble, sí, pero porque por las bravas y no respetando los procedimientos se ha instalado de manera similar a los ocupas» y se añade la imposibilidad por parte municipal de registrar la finca a su nombre.

Desde el 90

La denunciante ha decidido sacar a la luz pública este turbio asunto justo a los dieciséis años de iniciarse la expropiación, que comenzó el 25 de enero de 1990. Consciente de que cualquier propiedad privada puede ser expropiada en base al bien común, en www.juntoalTeatroPrincipal.com se considera que «no puede expropiarse caprichosamente sino respetando unas normas y siempre que haya una Causa de Utilidad Publica y además que dicha Causa de Utilidad Pública sea legal».

Desde el sitio web se reconoce el derecho de todo Ayuntamiento a la hora de expropiar pero «que está sometido a plazos legales, a unas reglas, a un procedimiento, a unas obligaciones y que nunca un alcalde puede (o no debe) actuar a su capricho y antojo».

Estas declaraciones obedecen a lo recogido en la Ley de Expropiaciones donde se recoge que si en dos años desde que se debió realizar el proyecto de obra previsto no se ha ejecutado obra alguna, «las personas expropiadas tienen derecho, según la ley, a la reversión, es decir, a la devolución». Así se denuncia que José Antonio Barroso como alcalde de la ciudad ha recibido «repetidas veces mi reclamación de reversión en diferentes ocasiones. Ni siquiera ha contestado».

Ramos, que ya ha desistido en la petición de reversión, ha solicitado la nulidad de todo el proceso así como la reparación del edificio destrozado.

Además reclama una indemnización por «haberme secuestrado y regalarlo a otros particulares infringiendo las leyes» hechos que, como se recoge en la web, han ocurrido en varias ocasiones.

A tenor de la situación, la propietaria de la finca ha decidido ponerla en venta recientemente.