La reforma del mercado de abastos

El nuevo año se inicia con la polémica de la, tantas veces, aplazada reforma del Mercado Central de Cádiz. Como saben, el Ayuntamiento acordó en 1998 con el Ministerio de Fomento, gobernados ambos por el Partido Popular, la reforma de ese mercado, aportando la Administración central su parte correspondiente con dinero procedente de la consignación del uno por ciento cultural, un fondo obtenido de aplicar ese porcentaje a las obras públicas de más de cien millones de pesetas. Aunque ya en 1978 se aplicaba este uno por ciento cultural para trabajos artísticos a realizar en la misma obra, se uso se generaliza en la ley de Patrimonio Histórico de 1985, que permite aplicar esos fondos en cualquier otro proyecto de rehabilitación del patrimonio. Ahora, el Ministerio de Cultura declara que la reforma del mercado de Cádiz no puede ser financiada con ese porcentaje cultural y la remite al Plan de Rehabilitación de Mercados del Ministerio de la Vivienda, con gran indignación del Ayuntamiento que lo presenta como otro agravio más de los socialistas con los gaditanos y anuncia, incluso, llevar el asunto a los tribunales. Echo en falta en la respuesta municipal algo que argumente el presunto ultraje y que aclare su actuación en este asunto. Para empezar, no se explica la pasividad con la que el Ayuntamiento ha permitido el atraso de siete años del gobierno popular en cumplir lo acordado mientras, ahora, considera intolerable que los socialistas no vayan a hacer esa reforma de inmediato. Esa denuncia al juzgado, si hay un incumplimiento de un documento oficial firmado, se debió hacer mucho antes, aunque fuera contra su propio partido, si lo que pretende de verdad es defender los intereses de los gaditanos. Presentarla ahora la hace sospechosa de partidismo y de querer ocultar las propias responsabilidades. Asumiendo que, en un Estado de Derecho, cualquier nuevo gobierno está obligado a cumplir los compromisos firmados por el anterior, y que si no los cumple hay que denunciarlo. Por lo que se desprende de los datos, la gestión de este porcentaje cultural durante el mandato de Álvarez Cascos fue, cuanto menos, poco ordenada. Cuando entra el nuevo gobierno socialista, había 910 proyectos aprobados para financiarse con ese fondo, por un valor de 950 millones de euros. De esos proyectos, 501 estaban «sin el respaldo de la correspondiente partida presupuestaria», según Informe del Servicio Jurídico del propio Ministerio. Si consideramos que en los tres últimos años de mandato popular se gastaron de ese fondo 171 millones, un simple cálculo nos dice que hubiesen hecho falta diecisiete años sólo para pagar lo tan irresponsablemente prometido. Que convertía en impopular cualquier gobierno que recortara esas promesas y lo dejaba sin posibilidad de decidir proyectos propios. Tan ejemplar ejercicio de democracia presupuestaria fue corregido por una Orden del Ministerio de Cultura, en febrero de 2005, que aprueba los criterios para seleccionar las propuestas de financiación con cargo al uno por ciento cultural. Difícilmente puede ser un agravio particular a los gaditanos lo que está regulado por una norma general, de cumplimiento en toda España. En la polémica, el Ayuntamiento oculta esa Orden (si la desconoce sería mayor irresponsabilidad) que exige que el «uno por ciento cultural sólo se invertirá en bienes inmuebles que estén declarados como Bien de Interés Cultural ( ) o en aquellos para los que se haya incoado el expediente de declaración». El Mercado Central de abastos de Cádiz no está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, por lo que su reforma no puede acogerse al porcentaje cultural. De modo que el Ayuntamiento está pidiendo algo que legalmente no puede conseguir, para presentarse como víctima si no se le da. Antes sí se podía, pero no fue demasiado exigente con el gobierno amigo. Ahora, con impaciencia poco política, en lugar de negociar la solución propuesta, dentro del plan de Vivienda para mercados de patrimonio no protegido, se opta por asumir solo el proyecto con la cuarta parte de su coste. ¿Qué van a rebajar? Demasiadas cifras que se inflan y se desinflan en algo tan serio como un presupuesto.