OPINIÓN

Policía política

Torra dijo hace poco que había que pasar a atacar al Estado. Y ha empezado a hacerlo

Actualizado:

Hay una constante que se repite en prácticamente todos los cuerpos policiales que operan en España: como consecuencia de los recortes, sus plantillas son escasas para hacer frente a su función principal, evitar y perseguir delitos. No escapa a esta tendencia, según manifestaban hace poco sus representantes sindicales y confirman sus mandos -con la reiterada petición de más efectivos- el cuerpo catalán de los Mossos d'Esquadra.

Resulta sorprendente, cuando menos, que en esa tesitura en la que se encuentran, y en lugar de destinar los medios a la prevención y esclarecimiento de delitos más graves -verbigracia, lo que hay detrás del terrorista que ha atacado recientemente la comisaría de Cornellà, y cuya vida no se logró salvar para lo que debe ser la prioridad, acceder a toda la información que pudiera proporcionar a la justicia-, los Mossos se vuelquen en perseguir una leve y dudosa infracción administrativa, cual es la de retirar los lazos amarillos colocados en el espacio público. Se entiende que no persigan, por su venialidad, las infracciones derivadas de esa apropiación -con desdoro y menoscabo- del patrimonio común, pero cuando surge el doble rasero, salta la alarma.

La Generalitat de Torra, ese ejecutivo sectario sin control parlamentario teledirigido por un prófugo de la justicia, ha dado con esta acción, encaminada a emplear la policía de todos en la persecución del desafecto político, uno de los pasos más graves en la dirección que de mantenerse debería dar lugar a su nueva intervención por el Estado. No es, en absoluto, una cuestión menor que el ciudadano disidente del independentismo que ha expropiado las instituciones catalanas sienta que tiene enfrente los recursos que paga con sus impuestos, incluidos los agentes armados de su fuerza policial. Torra dijo hace poco que había que pasar a atacar al Estado. Y ha empezado a hacerlo, con los medios que el propio Estado pone bajo su responsabilidad, en las personas de quienes desde la sociedad civil catalana confían ya únicamente en el Estado para que defienda sus derechos.

A escala más pequeña, se repite el atropello del 6 y el 7 y el 20 de septiembre, o el del 1-O, cuando los medios de la administración autonómica dejaron de servir a la ley democrática para tratar de desbaratarla. No da lustre alguno al cuerpo al que pertenece que un guardia civil -si así se prueba- se dedique por la noche a quitar lazos embozado, acto contrario al espíritu que el duque de Ahumada quiso para los suyos. Pero a los Mossos se los está arriesgando a algo más. Recuérdese lo que le ocurrió a la ominosa policía política creada por Fernando VII en 1824. Lo que le ocurre a todo cuerpo policial que se consagra al servicio de un régimen: se complica mucho el reto de sobrevivirle.