OPINIÓN
Oportunista, demagogo y populista
“Nunca más la ciudadanía pagará este impuesto”
“Nunca más la ciudadanía pagará este impuesto”. Lo dijo el doctor “cum fraude”. Otros en la literatura periodística lo apodan “doctorcito plagio”. De lo que no hay dudas es que es un mentiroso compulsivo y un liante. Algo parecido le ocurre a la “Chiqui Marisú”, cuando habla de los mecanismos intrínsecos de regulación y por añadidura los extrínsecos. Se refería la Ministra de Hacienda a la vigilancia que el gobierno dispondrá en relación con la repercusión a los hipotecados del coste del impuesto al sector financiero. Todo ha sido un gran disparate. Desde la actuación del Tribunal Supremo, sobre todo por las formas y la del Gobierno, en el fondo y en las formas. En paralelo al Real-Decreto-Ley, el Gobierno acelera la tramitación de la nueva ley hipotecaria para evitar una multa millonaria de Bruselas. El Consejo de Ministros ha decidido solicitar la tramitación de urgencia en el Senado del Proyecto de Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que fue aprobada hace un año por el gobierno del PP, pero que aún sigue tramitándose en el Congreso. Es aquí donde se debería ubicar la reforma. Reforma que por otra parte debería haber sido a contrario. Es decir, modificar la Ley que regula el Acto Jurídico Documentado, de tal forma que supriman cualquier disfunción interpretativa entre la Ley y el Reglamento. Dicha Ley es de 1993. PSOE gobernando el País. Decía la Ley que el sujeto pasivo de los actos jurídicos documentados es el adquirente del bien o derecho. En el caso del derecho real de hipotecas es el acreedor garantizado, o sea, el banco. Por su parte el Reglamento de 1995, PSOE en el Gobierno, decía que cuando se trate de escrituras de constitución de préstamos con garantía, considerará adquirente al prestatario. Una vez más se hizo patente el famoso dicho de Romanones: “Ustedes hagan la Ley, que yo haré el Reglamento”. Desde 1995 ha sido conflictiva en los ámbitos científicos y doctrinales, que no judiciales, la disfunción interpretativa. Cuando se realiza una operación de préstamo hipotecario para la compra de una vivienda, la operación puede ser diseccionada en dos partes, a saber, la compra de la vivienda por el cliente del banco, con el dinero que éste le presta con el compromiso de devolución por aquel a éste y, en segundo lugar, la constitución de la garantía hipotecaria. Con ésta, el cliente ofrece la vivienda como garantía de devolución del préstamo. Está claro que es la constitución de la garantía hipotecaria la que queda gravada con el impuesto en el caso de la compra de una vivienda financiada con dinero del banco. Pues bien, no es la primera vez ni la última, en la que se producen disfunciones interpretativas como la que ahora existe. Se discutió ello desde el principio en los ámbitos académicos. Pero de lo que no había dudas desde el ámbito político-administrativo es que la intencionalidad político administrativa hacia que prevaleciera la del Reglamento en detrimento de la ley. Han pasado 25 años desde la promulgación de la Ley para haberla reformada y acomodarla al Reglamento, que era la verdadera intención del legislador, porque el legislador era el PSOE en 1993 y el Gobierno también en 1995. Seguro que muchos de los diputados no sabían lo que votaban, una vez más. Ha sido una grave irresponsabilidad atribuible a muchos, empezando por los políticos y terminando por los jueces. Y entre medio los bancos, que encarnan el sistema financiero actual. La crisis de reputación vivida años atrás por el descalabro del sistema, parecía estaba llegando a su fin. La debacle del sistema fue debido a la acción de las Cajas de Ahorro, mal gestionadas por políticos, sindicalistas y miembros de la patronal, que pusieron en riesgo el sistema financiero en su totalidad. Amén del intento de satanizar por la progresía de izquierdas a la banca por los errores de gestión, corruptelas y anteposición de los intereses políticos por las malditas Cajas de Ahorro, convertidas en juguetitos de poder por y para los políticos. Muchos de ellos ahora entre rejas, lo que ha sido un motivo positivo más de recuperación de la reputación perdida por el sector financiero en su integridad, porque la ciudadanía, no ha distinguido entre Cajas y Bancos, por mor de los incesantes mensajes de la izquierda demagógica en su intento de satanizar al sector financiero privado. Los bancos no son hermanitas de la caridad porque son empresas, que buscan la maximización de su beneficio y la minimización de su estructura de costes. Es la esencia de cualquier empresa en los países con sistemas democráticos liberales y economías capitalistas. Por eso no les quepa duda que los bancos como no puede ser de otra forma, repercutirán el impuesto a los clientes. ¿O es que cuando se suben los impuestos sobre hidrocarburos, los transportistas no repercuten la subida impositiva al cliente? En este caso ocurre que, al ser un sector con imperfecciones en la competencia, los propios transportistas abiertamente se quejan de la imposibilidad de trasladar la integridad de la cuantía impositiva. En el caso de los bancos, esto no ocurre y la repercusión será integra.
Sr presidente, es usted un oportunista, un demagogo y un populista. Un coctel para tirarlo por los sumideros que conectan el mundo con el submundo de las alcantarillas y las cloacas. Sólo apto para ser bebido por Villarejo.
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