Las cuentas, en las urnas

Cada vez parece más chocante la distancia entre el discurso y el ejemplo de este Gobierno local que ahora media sus primeros cuatro años de labor municipal. Apenas unas horas antes, a resultas del segundo archivo del ‘caso Loreto’, se quejaba amargamente el alcalde de la «judicialización» de la política municipal y criticaba a ediles del Partido Popular porque tratan de resolver cada disputa con una querella.

Resulta notable, por llamativa, esa reacción. Está a medio camino entre la crítica cínica y la euforia desbordada. La comparten los concejales de Podemos y Ganemos, jaleados por su clac en redes sociales y medios afines. Celebran el archivo de una demanda en la que los populares acusan al alcalde de haber dicho que sus predecesores distribuyeron agua contaminada a vecinos de Loreto «a sabiendas» de lo que hacían.

La Justicia entiende que es crítica política sin ningún tipo de matiz delictivo ni condenable.

Sin apenas tiempo, van encajando las piezas pero todas chirrían, las de un lado y las del otro. Todos han abusado de las denuncias y todos desayunan archivos, uno tras otro. Como prueba: un día después resulta que son los concejales de Ganemos –que también han acudido a los tribunales con frecuencia– los que han visto como termina en nada el gran interés que pusieron en destacar la denuncia por posible prevaricación en los pisos sociales de Matadero, en los que se habrían producido alteraciones arbitrarias de la lista de beneficiarios por supuesta influencia directa de dos concejalas del PP.

Resulta, en ambos casos, que la Justicia ha guardado en un cajón sin fondo (y no por primera vez) las denuncias del Gobierno local, de su entorno político y de la oposición. Siempre por considerar que no hay argumentos que las sostengan, por entender que no hay faltas ni delitos. Resulta muy sorprendente el porcentaje de fracasos que cosechan estas iniciativas en Cádiz. Concretamente: dos de dos.

En el caso más reciente, el del archivo del ‘caso Matadero’, el tribunal deja claro que nadie dio pisos a dedo: ninguna de las dos concejalas populares «dieron instrucciones, ni verbales ni escritas, para los criterios a seguir ni para el baremo que finalmente aplicaron los trabajadores sociales para valorar la exclusión social en sus informes».

Van a tener que probar, todos, a verse las caras en las urnas y no en el juzgado. Esto último no funciona.