Cobertura legal a los 'sin papeles'

La inmigración nos ha desbordado. La llegada masiva de ‘sin papeles’ a la costa gaditana este verano ha obligado a tomar medidas para cubrir las necesidades básicas de quienes han arriesgado su vida en el Estrecho. Lo que era un problema puntual de cada verano se ha convertido en una situación crónica que implica ahora una gestión política de mayor calado. El Colegio de Abogados de Cádiz ha sido el último estamento en sumarse a las críticas ante la improvisación y la falta de medios con la que se trata esta crisis humanitaria. El decano, Pascual Valiente, explica con claridad como resulta muy difícil garantizar la asistencia legal a los ‘sin papales’. La falta de medios técnicos, la ausencia de intérpretes, la saturación de los juzgados y la imposibilidad de un trato individualizado ponen en entredicho la cobertura legal. En resumen, se hace lo que se puede. El Gobierno de la nación ha delegado en un mando único, concretamente en un general de la Guardia Civil, el control de la inmigración para poder coordinar acciones conjuntas y evitar el desorden. La presión migratoria registrada en la provincia de Cádiz ha desbordado a las comisarías gaditanas a las que son conducidos para cumplimentar los trámites en materia de extranjería y ha sido necesario redistribuir los efectivos.

La Policía Nacional ha necesitado además del apoyo de la Guardia Civil para realizar el traslado en autobuses de estas personas. Los inmigrantes pueden pasar en estas dependencias un plazo máximo de 72 horas, hasta que un juez decrete en su caso su repatriación, su expulsión o la situación en la que quedan, salvo en el caso de los menores o de las madres con hijos, que pasan a centros de acogida, también desbordados. Desde el Sindicato Unificado de Policía se ha puesto de manifiesto que los agentes están desbordados y que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) también están saturados, por lo que la Policía, para no dejarles en la calle con la orden de expulsión, los devuelve siempre que resulta posible a los centros gestionados por ONGs o albergues. El Colegio de Abogados ha tenido que tomar diversas medidas extraordinarias para hacer frente a la multitud de asistencias que están teniendo que cubrir a diario. Los letrados piden al Gobierno que dé soluciones con urgencia debido al riesgo que están corriendo los derechos fundamentales de estas personas.