Ciudadanos, usuarios y clientes

En 2017 era la estiba quien utilizó las peores maneras para demostrar su fuerza

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Existen sectores de la actividad económica que de manera recurrente centran nuestra atención y el hastío. Los controladores aéreos, los estibadores y ahora los taxistas. Los monopolios desde los que operan, confunden desde la perspectiva de la demanda los tres términos intitulados. Los usuarios del servicio, son ciudadanos y muchos de ellos clientes. La Administración una vez más ha puesto al final de sus preferencias al ciudadano-usuario-cliente en el conflicto vivido días atrás.

En el 2011 acontecía una huelga salvaje en el sector de control del tránsito aéreo. En 2017 era la estiba quien utilizó las peores maneras para demostrar su fuerza. Ahora el taxi que, por su especial configuración como sector, los medios para doblegar a la sociedad utilizados han sido el cierre patronal y la huelga. Y siempre un común denominador, la actitud contemplativa de la Administración, que posterga el interés general, al que se debe en los términos del artículo 103 CE.

Centremos el problema y limitemos el supuesto de hecho. Anteayer los controladores, ayer mismo los estibadores y hoy los taxistas. Mañana Dios dirá, pero todo apunta a que cualquier atisbo de racionalización de la sanidad como servicio público, consideren una vez más a los ciudadanos-usuarios-clientes como rehenes de las mareas blancas. En mi memoria la invasión de las pistas del aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez por los controladores aéreos. Actuaron y así lo venían haciendo desde época inmemorial, como una banda de vándalos, auténticos salteadores de caminos. El Gobierno, incapaz una vez más. Muy capaz mediáticamente, la frase de Rubalcaba por aquel entonces “el que echa un pulso al Estado lo pierde” me parece lo sintetiza todo. Lo que ocurre, es que España se constituye, dice la Constitución en un Estado de derecho, en el que rige el imperio de la Ley. Pero, para desgracia de todos nuestros males, esta no siempre se cumple, porque por encima de su imperio, para muchos políticos rigen los criterios de oportunidad política y la bajada de pantalones. Luego, ya en 2017, navegando por turbulentas aguas aparece la estiba. El conflicto entre Bruselas y Madrid se inició en 2011, cuando la Comisión Europea consideró que la Ley de Puertos del Estado violaba el artículo 49 del Tratado de la UE sobre libre prestación de servicios. Desde hacía años la UE exigía a España la adaptación de su legislación portuaria a las exigencias europeas en materia de competencia, centrando el problema en la estiba portuaria. Los jueces europeos consideraron que el incumplimiento de la sentencia se había prolongado por un período de más de dos años. España fue sancionada por incumplimiento en la adaptación de la normativa sobre la estiba, lo que nos hacía merecedores de una multa millonaria, igual que otras anteriores encajadas por España por incumplimiento de sentencias, entre las que ahora puedo recordar, las de las vacaciones fiscales vascas y Magefesa.

España fue conocida en el tránsito de los siglos XVII y XIX como la de salteadores de caminos. Ahora, los incumplimientos de la Ley por motivos de oportunidad política, equiparan a muchos políticos con los antaño salteadores. Esta misma semana hemos asistido al espectáculo genuinamente español del incumplimiento flagrante de la Ley: el paro patronal a medias con una huelga no convocada y en consecuencia ilegal. La actuación de los taxistas limitando la libertad de movimientos de los ciudadanos y agrediendo a sus competidores que, por cierto, actuaban plenamente conforme a la Ley, han rememorado la épica de los bandidos de Sierra Morena. En Cádiz, sabemos mucho de cortes de carretera, puentes y vías férreas. Por eso lo del taxi queda en mera anécdota, a pesar de la gravedad que supone limitar la libertad de movimiento de los ciudadanos. Un líder del taxi, mimetizado con Corleone, decía megáfono en mano que sólo ellos eran capaces de poner de rodillas al Gobierno. Lo que pasa es que ahora Rubalcaba no se encuentra. Quizás adormecido en los bajos fondos, que es de lo que realmente sabe.

La Ley Omnibus de 2009 que trasponía la Directiva de servicios de la UE, está en el origen de los conflictos ahora esgrimidos. Esta Ley, para el caso del Taxi, cualquiera podía prestar el servicio y el precio también era libre. Es el mercado quien lo determinaba. Sin embargo, el PP desideologizado desde antaño, se desvió una vez más de la norma y posibilitó la proporción de 1/30 licencias de taxis sobre las VTC. La ausencia de su credo del término liberal, hace que se comportase contrario al interés general, porque el mismo lo representa el mercado, corregido adecuadamente, para minimizar el impacto no deseable de los llamados fallos del mercado. En Cataluña dicen hacer “la puta y la Ramoneta”. Aquí decimos como “puta por rastrojo”. En eso hemos quedado relegado los ciudadanos-usuarios-clientes. El interés general desde luego no somos nosotros todos.