Bloqueo en la cumbre

La negativa de Rajoy a someterse a la investidura es lógica y, por ello mismo, poco controvertible: el líder del PP, pasivo durante el mes largo que ha transcurrido desde el 20D, se exponía no sólo a padecer una doble derrota sino también a recibir un severísimo aluvión de críticas por parte de todos los grupos parlamentarios del Congreso. Aceptar el envite era como resignarse a ir al matadero, sin apelación posible, ya que en la fase actual resaltaba impensable que el PSOE pudiera cambiar de actitud.

Esta estrategia debía estar ya meditada de antemano pero se vio corroborada e impulsada por la rueda de prensa de Podemos el pasado viernes, en que Iglesias, tras explicar al monarca su teórica disposición a formar con el PSOE un gobierno de coalición en que él ocuparía la vicepresidencia, faltó claramente al respeto al partido socialista, en unos términos de un arrogancia y una insolencia capaces de frustrar -¿deliberadamente?- cualquier posibilidad de pacto.

Rajoy encontró el pretexto adecuado para eludir la prueba -no tiene sentido intentar la investidura cuando está negociándose a ojos vista otra alternativa- y situar la pelota en el tejado del PSOE, el partido que a fin de cuentas tiene en su mano la fuerza de decantar la balanza en un sentido o el otro (el PP no puede gobernar si no logra al menos la abstención del PSOE).

Este miércoles, el Rey iniciará una nueva ronda de entrevistas con los partidos parlamentarios y, si no varían las posiciones, tampoco habrá un desenlace: Rajoy, previsiblemente, mantendrá su posición, y es asimismo probable que Pedro Sánchez persista en la suya: la de no presentar su candidatura hasta que la formación más votada haya intentado gobernar sin conseguirlo.

Si tal sucede, estaremos en una situación de bloqueo, en un territorio que puede considerarse terra incógnita ya que ni hay precedentes ni las previsiones constitucionales ofrecen una salida. En efecto, el artículo 99 CE, que describe el método de consultas regias para que el jefe del Estado designe sucesivamente candidatos, concluye con esta disposición (la 5): «Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso». Pero ¿qué habrá de hacerse si el rey no encuentra candidato alguno, y no llega a celebrarse votación de investidura alguna? El Gobierno en funciones no puede, según el art. 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno, «Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales». Tampoco puede presentar proyectos de ley, por lo que no es posible modificar la norma para salir del atolladero. Por lo que, si se llegara a la situación absurda de una clara imposibilidad de formar gobierno, no habría más remedio que forzar la legalidad, previa consulta al Constitucional, dar por celebrada y fracasada la investidura y disolver las Cortes mediante una resolución refrendada por el presidente de las Cortes.

El ridículo de la clase política sería en este caso estrepitoso, y es imprevisible cuál podría ser la reacción de la ciudadanía en las elecciones subsiguientes. Metroscopia y Llorente & Cuenca han confeccionado encuestas que arrojan resultados muy dispares. En realidad, todas las formaciones –quizá con la excepción de Ciudadanos, que ha jugado un inteligente pero inútil papel conciliador– tendrían una grave responsabilidad compartida en este gran fracaso de la política a la hora de cumplir un explícito mandato popular.