Tsunami golpista reincidente

El envalentonamiento del separatismo catalán tras conocer la sentencia del TS es notorio. Nadie duda de que la Generalitat está detrás del mal llamado movimiento «tsunami democrático», que bien podría denominarse «tsunami fascistoide» por su capacidad para dañar a Cataluña, porque bloquear comunicaciones estratégicas o apelar a un inexistente derecho de autodeterminación no es democrático. El cumplimiento efectivo de las penas de los sediciosos está en manos de la propia Generalitat, de modo que no tardarán en acceder a beneficios penitenciarios automáticos sin siquiera tener que acreditar un mínimo arrepentimiento por su condición de golpistas. El propio Junqueras alentó desde prisión a continuar el proceso hacia una Cataluña independiente con un ánimo de reincidencia evidente. Igual lo han hecho Torra y el Parlamento catalán propugnando normas ilegales, o rebelándose frente a las acusaciones que pesan sobre ellos en otros juicios pendientes por desobediencia. Los Mossos, esa policía política al servicio de los intereses de la Generalitat, apenas hacen amago de controlar los desórdenes que se producen, y las instituciones insisten en cuestionar el Estado de Derecho como si España fuera un país represor. El clima de odio al proyecto de unidad nacional española sigue abierto, y la muestra está en su reacción a la sentencia cuando insisten en su chantaje al Gobierno, su desafío al bloque constitucionalista y su desprecio a la convivencia.

La Justicia ha dictado su sentencia y, por discutida que sea, debe cumplirse sin subterfugios, sin trampas y sin que el independentismo pueda presentar a sus condenados como mártires de una injusticia merecedora de una libertad inmediata. Por eso, las apelaciones que viene haciendo Pedro Sánchez al cumplimiento «absoluto» de la legalidad no pueden ser papel mojado. No pueden ser una impostura ni un alarde artificial de dignidad y, vistas las promesas del separatismo para resucitar su escalada hacia la proclamación de una república, el Gobierno está forzosamente obligado a ponerse en guardia. Las alusiones de Sánchez a la hipotética aplicación del artículo 155 no deben ser un mero reclamo electoralista. Del momento, y dados los graves disturbios que se están sucediendo en las calles, el Gobierno debe tomar el control del orden público aplicando la Ley de Seguridad Nacional. La gestión política de las consecuencias de la sentencia es responsabilidad del Gobierno con apoyo de los partidos que comparten su mismo criterio sobre la unidad de España. El separatismo, fracturado o unido, no va a cejar en su empeño, y así lo está exponiendo con cierta euforia porque su objetivo sigue intacto. Por eso conviene imponerse a Torra, luchar por la inmediata detención de Puigdemont y velar por la ejecución de las penas dictadas por la Justicia.