Seguridad nacional y jerarquía del Estado

La propuesta lanzada ayer por Pablo Casado para dar mayor jerarquía a la Guardia Civil y a la Policía Nacional merece ser analizada porque pone sobre la mesa el debate acerca de la capacidad del Estado para asegurar la compatibilidad del Estado autonómico con los intereses generales de España. Casado no ha planteado una crisis constitucional o estatutaria para sacar adelante su propuesta. Realmente no hace falta modificar ninguna ley, porque tanto la de seguridad nacional como la ciudadana permiten esa superioridad funcional para la Policía Nacional y la Guardia Civil. El problema es que el análisis que subyace a esta propuesta es el de la insatisfacción con la hipertrofia de la organización autonómica del Estado, que casi ha vaciado de Guardia Civil y Policía Nacional comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, y está en la agenda de Pedro Sánchez hacer lo mismo con Navarra.

Es necesario para el funcionamiento del Estado que este disponga de herramientas para corregir las desviaciones en el ejercicio de competencias autonómicas, sin tener que acudir a largos procesos ante el TC. Es lo propio de un Estado tan descentralizado como el español, que supera los niveles usuales del federalismo europeo. Es una realidad que las tres policías autonómicas están actualmente bajo mando de gobiernos nacionalistas, alguno en estado de desobediencia, como el catalán. Hace falta que el Gobierno central pueda, cuando sea necesario y debidamente justificado, impartir instrucciones de obligado cumplimiento para las policías autonómicas. No se trata de un «155 policial», ni de una apropiación de competencias autonómicas, sino de dar a los ciudadanos la confianza de que la actuación de las policías españolas, sean de la autonomía que sean, responden al mismo interés público.