Una estafa moral a los españoles

La llegada de José Luis Rodríguez Álvarez al Consejo de Transparencia como nuevo presidente de la institución empieza a llevar consigo una significativa purga interna después de que este organismo público independiente –al menos así lo ha demostrado hasta ahora– haya dejado en evidencia la opacidad con la que se comporta el Gobierno, y en particular el departamento de la presidencia del Gobierno. Según ha sabido ABC, desde el pasado día 8 de enero el Consejo de Transparencia ha prescindido de Esperanza Zambrano, hasta ahora jefa de Reclamaciones, y en los próximos días hará lo propio con Javier Amorós como subdirector. No puede ser casualidad. Se trata de altos funcionarios del Estado en cargos de libre designación que, en efecto, pueden ser removidos a conveniencia de su presidente. Sin embargo, el afán de La Moncloa por controlar férreamente a cualquier institución que pueda poner en evidencia a Pedro Sánchez es sobresaliente.

No es casual que esto ocurra después de informaciones de ABC según las cuales el Consejo de Transparencia –y «Buen Gobierno»– reconoce que ese mismo Gobierno al que reclama información que obligatoriamente debe hacerse pública, lo ignora en nueve de cada diez veces. No es casual que Transparencia se ponga en el objetivo de Pedro Sánchez cuando La Moncloa se retrata en su cinismo negando a la opinión pública datos sobre los viajes del presidente del Gobierno amparándose en cuestiones de seguridad o en secretos de Estado. No es casual que cuando Transparencia reprocha al Ejecutivo su poca colaboración en ser nítido ante la sociedad, se inicie una cadena de destituciones en el departamento. No es casual que ningún español tenga todavía el más mínimo conocimiento acerca de las condiciones en que el Gobierno hizo contrataciones millonarias –y ocultas– durante los primeros meses de la pandemia. Y, desde luego, no es casual que Sánchez se niegue a aportar un solo dato sobre sus vacaciones personales con amigos e invitados suyos a cargo del erario público, y que se revuelva contra quien le reclama explicaciones que está obligado a dar.

El Gobierno de la transparencia y de la resiliencia solo es resiliente en tapar, en encubrir y en desinformar. En lugar de disponer que este organismo pueda hacer pública la mayor cantidad de decisiones del Gobierno para ser fiscalizadas éticamente por la propia sociedad, Sánchez inventó una suerte de «ministerio de la Verdad» para luchar contra la «información fake». Es decir, para controlar la difusión, la censura, la interpretación o el encubrimiento toda aquella información que considere oportuna en función de si le beneficia o perjudica. Nada más.

Las destituciones en el Consejo de Transparencia son además un ejercicio de autoritarismo contra funcionarios que sencillamente se han ocupado de realizar correctamente su trabajo. En lugar de ser premiados por cumplir sus funciones, incluso advirtiendo a organismos de la administración de que no cumplen con las exigencias legales en esta materia, son castigados. Si esa es la concepción que tiene Sánchez de una sociedad crítica y de una democracia solvente, desde luego su ejemplaridad ética resulta una estafa moral a todos los españoles.