Contra la violencia del taxi

Una cosa es el derecho a la huelga, como reconoce la Constitución, y otra muy distinta que un grupo de trabajadores se valga de la violencia y la coacción para tratar de imponer sus demandas al conjunto de la sociedad por la vía de la fuerza. Ningún colectivo está legitimado para emplear a la población como rehén, y aún menos para agredir a quien no comparta sus postulados, por muy justas que sean sus reivindicaciones. La guerra del taxi regresa, una vez más, al panorama político tras los infructuosos intentos por regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC). El sector ha convocado a partir de hoy una huelga indefinida en Madrid y Barcelona, cuyas negativas consecuencias pagarán de nuevo todos los ciudadanos, aunque sus efectos empezaron el viernes.

Los taxistas han protagonizado numerosos altercados durante el fin de semana, hasta el punto de atacar decenas de vehículos VTC y agredir a conductores, pasajeros e incluso a los periodistas que cubrían las protestas. Estos hechos no solo son intolerables desde todos los puntos de vista, sino que deben ser castigados con todo el peso de la ley. Sin embargo, tampoco ha de obviarse la responsabilidad de los políticos. En primer lugar, porque resulta inaceptable que las autoridades municipales se queden de brazos cruzados ante la inadmisible ocupación de la vía pública por parte del taxi para colapsar las ciudades, sobre todo si se tiene en cuenta que Madrid será esta semana el centro mundial del turismo de la mano de Fitur. Y, en segundo término, porque el Gobierno del PSOE, lejos de afrontar el problema, delegó esta cuestión en las administraciones regionales para escurrir el bulto. Ya es hora de regular los VTC para garantizar una convivencia justa y razonable con el taxi.