Los incentivos para vehículos limpios solo se agotan en tres autonomías
El Plan Moves «pincha» nueve meses después por la dispersión territorial y la obligatoriedad de achatarrar
Mientras que convocatorias anteriores de ayudas a la movilidad ecológica se agotaban en pocas horas, el Plan Moves, aprobado en febrero, aún está lejos de haber sido desembolsado en su totalidad . A falta de dos meses para su finalización –el plazo acaba el 31 de diciembre–, quedan pendientes un 47% de los fondos de la partida destinada a incentivar la compra de turismos eléctricos y vehículos comerciales e industriales de gas , según datos a 31 de octubre recopilados por ABC de las comunidades autónomas y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Tan solo tres autonomías, Baleares, Canarias y Navarra , han agotado los fondos, mientras que dos más, Cataluña y Castilla y León, han comprometido más del 90% de esta partida, dotada con 20.207.572 euros, del total de 45 millones del Moves . Otras cinco –Aragón, Valencia, País Vasco, Murcia y La Rioja– superan el 50%. En el resto de regiones, al menos ocho –no hay datos de Ceuta– no se ha superado dicho límite. Se trata de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Melilla, además de Extremadura y Cantabria. De las dos últimas, Extremadura no aprobó la convocatoria hasta este lunes, pese a que el texto inicial, presentado el 8 de marzo en el Consejo de Ministros, marcaba un plazo de dos meses para que las autonomías articularan las ayudas . Tampoco Cantabria, que aún sigue sin hacerlo. Fuentes del Gobierno cántabro argumentan que detectaron una posible incompatibilidad con su propio Plan Renove Eficiente, según la Ley regional de subvenciones, y aseguran que este jueves se reunirán con técnicos del IDAE para buscar una fórmula que evite la pérdida de los 500.000 euros asignados a la región –el reparto territorial de los fondos se acordó en base al padrón de 2017–.
El Plan Moves contempla incentivos de hasta 700 euros para motos eléctricas y 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa. Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 euros. En paralelo, se exige a los fabricantes o concesionarios un descuento mínimo extra de mil euros.
La dispersión territorial de las ayudas, transferidas a las comunidades autónomas, es uno de los argumentos que, según apuntan distintas fuentes, ha supuesto un freno. El IDAE, que transfirió los fondos a las autonomías en marzo, era el encargado de gestionar las convocatorias anteriores, denominadas, sucesivamente, VEA, Movalt, Movea y Movele . También se ha puesto en el punto de mira la obligatoriedad de achatarrar un coche de más de diez años, o un comercial de más de siete.
«La obligatoriedad de achatarrar un vehículo para poder acogerse al Plan lo ha penalizado mucho, ya que el comprador de vehículo eléctrico no suele tener coche para achatarrar», explican desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto). El colectivo reclama «seguir en esta línea, pero yendo a un presupuesto más ambicioso , facilitando su tramitación y teniendo un enfoque nacional para su desarrollo». Ganvam, que agrupa a los vendedores de vehículos, coincide en pedir «un programa estatal con bases y convocatoria única en lugar de apostar por un funcionamiento territorial». Desde el IDAE, por su parte, responden que «se tratará de incorporar en futuras convocatorias lo aprendido, a fin de agilizar y facilitar la gestión y compromiso de los fondos». No obstante el Instituto Energético también apunta que «deben atenerse al reparto de competencias entre autonomías y el Estado», por lo que no pueden tomar una decisión «unilateralmente».
Desigualdad autonómica
Tampoco se ha logrado adjudicar el 100% de las otras tres partidas del Plan. La más avanzada es la Actuación 2, destinada a fomentar la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que ha comprometido el 70% de su presupuesto de 18.170.948 euros. Por su parte, la Actuación 3, para incentivar la creación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, y la 4, para fomentar planes de transporte al trabajo en empresas, mantienen un compromiso del 30 y el 25%, respectivamente. Esta última, explican desde el IDAE, «era la única cuya inclusión en las ayudas era voluntaria, y diez autonomías no la han incluido dentro de sus convocatorias».
Llama la atención, en todas las actuaciones, e l desembolso desigual entre autonomías . Así, mientras en el caso de las ayudas para puntos de recarga nueve regiones han agotado el 100% de los fondos e incluso tienen lista de espera, y otras cuatro están por encima del 70% de los fondos comprometidos , el resto apenas ronda el 25-30%. En el caso de las ayudas para préstamos de bicicletas eléctricas, cinco autonomías –Asturias, Aragón, Melilla, Canarias y Murcia– han comprometido entre el 80% y el 100% de los fondos; y en la Actuación 4, Cataluña, más del 50%, y Madrid en torno al 20%. El propio Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos contempla que, si a un mes de la finalización de la vigencia de la convocatoria , alguna de las partidas destinadas a una actuación no se hubiera agotado, y otra tuviera lista de reserva, «se podrá reasignar el presupuesto a criterio de la comunidad. Si aún así, finalizado el plazo aún quedan fondos, deberán ser reintegrados al IDAE.
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