Los bloques del Perte de automoción deberán implicar al menos a cinco empresas y dos autonomías
Industria traza una estructura de bloques obligatorios y adicionales y asegura que aunque participará en el consorcio de la fábrica de baterías dicha participación «será minoritaria» y no afectará a la decisión sobre su ubicación. Espera que el pago de las ayudas comience en octubre
¿Qué es un Perte?
«No es casualidad que el primer Perte recaiga en el sector de la automoción». Lo aseguró ayer, durante el acto de presentación en La Moncloa , el presidente de Aedive, Adriano Monés. Una idea que fue reforzada posteriormente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconoció que la inyección de 4.295 millones es «gigantesca, porque gigantesca y formidable es la transformación del sector de la automoción».
El sector se halla inmerso en una revolución con cuatro vertientes, en el camino hacia la producción de vehículos digitales, electrificados, autónomos y la transición de la compra de vehículos a la adquisición de servicios de movilidad. Con el objetivo de que dicha transformación sirva para afianzar el papel tractor de la industria automovilística en España, el ministerio de Industria, principal impulsor del proyecto estratégico de recuperación , ha diseñado una estructura doble, formada por bloques obligatorios y bloques adicionales.
Los denominados bloques obligatorios son los que se llevarán la parte del león de los 3.000 millones que gestionará Industria del Perte. Para acceder a estos fondos se deberá constituir una agrupación de empresas con al menos cinco compañías y la participación de al menos dos comunidades autónomas. Además, se establece el requisito de que el 40% deberán ser pymes. Deberá participar además una entidad que aporte I+D+i.
Dichos bloques obligatorios estarán conformados por fabricantes de vehículos -que instalen nuevas líneas en España para la producción de eléctricos o adapten para ello las ya existentes para vehículos térmicos-, productores de baterías y battery pack o pilas de hidrógeno -con vistas a los fabricantes de modelos para el transporte pesado- y productores de otros componentes, como motores eléctricos o materiales innovadores. A éste último respecto, se incentivará la cooperación de las empresas entre actores de otros sectores económicos, como el tecnológico.
Además, estarán los denominados bloques adicionales , que servirían de acompañamiento. En ellos los requisitos son menos exigentes. Tienen que ver con la producción de componentes para el vehículo eléctrico inteligente (como soluciones para el interior, iluminación o confort), la micro conectividad (incluyendo la conectividad con la infraestructura viaria y la señalética) y los procesadores y la producción de sistemas de recarga. Está previsto además incentivar las acciones de economía circular, digitalización y formación y reciclaje profesional.
La gobernanza del Perte recaerá en la denominada Alianza para el vehículo eléctrico y conectado , que estará presidida por la ministra de Industria, Reyes Maroto. Su voz más visible será un vicepresidente, en la persona de un profesional «de reconocido prestigio», que de voz al impulso de la movilidad eléctrica y ayude la gestión del proyecto ante Bruselas. Dicho portavoz estará en contacto con un grupo de trabajo interministerial conformado por los ministerios de Industria, Transición Ecológica, Ciencia, Educación, Hacienda y Transportes. También con la Mesa de la Automoción, que da voz a las comunidades autónomas, las asociaciones sectoriales como Anfac, Faconauto y Ganvam, y los sindicatos.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros el Ejecutivo espera que en octubre se den las condiciones para sacar la convocatoria y tener abierta la línea de las ayudas, que se tramitarán a través de una ventanilla « con una orden de bases transparente ».
Según Industria, los 3.000 millones de dotación van a permitir financiar «muchos proyectos», más allá del ya anunciado del grupo Volkswagen-Seat con Iberdrola. Y sobre la instalación de una fábrica de baterías, el Ejecutivo quiere tener participación en el consorcio, como sucede por Ejemplo en Airbus a través de la SEPI, aunque dicha participación «va a ser minoritaria», con el objetivo únicamente de «servir de impulso» a los inversores. Tras la polémica sobre la posible ubicación de la misma el Ejecutivo asegura que la localización la decidirá el proyecto, en base a sus necesidades, y no el Gobierno.
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