Aguirre se salva de ser inhabilitada al reabrirse como falta su causa de tráfico

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid reabrió ayer el caso del incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. En su auto estima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal que solicitaba la revocación del sobreseimiento de las diligencias. Los magistrados de la Audiencia acordaron que la causa se tramite a través de un juicio de faltas y desestimaron el recurso presentado por uno de los agentes de Movilidad implicados, que pedía que fuera juzgado como un delito de desobediencia, algo que, de prosperar, habría apartado de la carrera electoral del 24-M a Aguirre.

El delito, según el artículo 556 del Código Penal, acarreaba una pena de seis meses a un año de prisión, por tanto, la presidenta del PP madrileño habría contado con antecedentes penales y, según recoge el reglamento de su partido, habría sido inhabilitada.

De este modo, la candidata a ocupar el Palacio de Cibeles –o la Casa de la Villa– puede concurrir a las elecciones. Según fuentes jurídicas, es más que probable, aunque no seguro, que el juicio no se celebre hasta pasadas las elecciones municipales.

La causa vuelve de nuevo al Juzgado de Instrucción número 14, cuyo titular, Carlos Valle, archivó la causa el pasado 19 de enero. Para este juicio de faltas, tanto el denunciante como el denunciado no tienen la obligación de presentarse a declarar. De no hacerlo, Aguirre perdería el juicio.Si acude, puede ser absuelta o condenada. Tal y como recoge el artículo 634 del Código Penal se enfrenta a una sanción que iría desde los 20 euros hasta los 24.000 euros, según los expertos. «Si fuera cualquier ciudadano, 600 euros ya sería una multa ejemplar», aprecian fuentes jurídicas.

Contradice a Valle

La Audiencia Provincial discrepa en su auto sobre la interpretación que hizo Valle para archivar la causa. Considera que, al menos, hay «indicios de una desobediencia leve» a la autoridad policial. La Sección Sexta considera que se produjo «una inobservancia de mandatos impartidos por Agentes de Movilidad y Policías Municipales en el ejercicio de sus competencias dirigidos a la denunciada, tal y como se hizo constar en la denuncia inicial, lo que podía constituir la base objetiva de una infracción penal-desobediencia, sin que este Tribunal pueda entrar a valorar la entidad o gravedad» de la misma «para su definición como delito o falta».

«Inexistencia de lesiones»

La Justicia no ha dado la razón al agente de Movilidad «por falta de legitimación e inexistencia de las lesiones». El funcionario presentó un parte de lesiones después de que la denunciada tirase con su coche su motocicleta. Pero el Tribunal no lo ha considerado al no constar «documentación médica valorada por el forense». «Al no haberse podido constatar objetivamente la realidad de las lesiones, difícilmente puede establecerse la relación de causalidad entre el hecho objeto del proceso y la lesión», argumenta la Audiencia.

Todo ocurrió el 3 de abril de 2014. En torno a las cuatro de la tarde, Esperanza Aguirre aparcó su Toyota Versus blanco a la altura del número 40 de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático. Una patrulla de agentes de Movilidad paró en el lugar y procedió a multar a la política. Le pidieron el carné de conducir y la documentación para interponerle la oportuna sanción. A partir de ahí, difieren las versiones. Según los agentes, la candidata a laAlcaldía se montó en el coche y se marchó sin entregar los papeles, derribando la moto de uno de los funcionarios de Movilidad que estaba parada en la calzada. Aguirre aseguró que sí que los presentó y, dada la demora con la que hacían el trámite los agentes y que se estaba arremolinando gente en el lugar se marchó indicándoles que fueran a su vivienda si necesitaban algo más.

La capitana de los populares madrileños prosiguió su camino en sentido a la plaza de España, seguida por uno de los agentes de Movilidad y un vehículo de la Policía Municipal que se sumó a la persecución. El coche patrulla activó la sirena y, situándose a su altura, le hizo señales para que cesara su marcha, pero no paró. Siguió hasta su domicilio, perseguida por la autoridad policial e introdujo el coche en su garaje.

Los escoltas de Aguirre, en la vivienda, se ofrecieron a presentar todos los documentos, pero la Policía Municipal ordenó que tenía que personarse la denunciada. Los agentes de Movilidad acudieron a la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Centro para interponer una denuncia. Uno de los agentes acudió con un parte de lesiones, dijo en el juicio, algo que negó el policía nacional que elaboró las diligencias

Aguirre ha pedido en varias ocasiones disculpas a los agentes y ha reconocido que cometió una «infracción de tráfico». Ayer no quiso hacer declaraciones sobre la nueva decisión judicial, pero ya lamentó en su momento no haber pagado la multa cuando los agentes le dieron el alto. «No se me ocurrió», dijo entonces. Los 200 euros se le habrían quedado en 100.