El Campus de la Justicia escapó al control fiscalizador de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas avisó hasta en 14 ocasiones al Gobierno regional de la opacidad que reinaba en el Campus de la Justicia, el macroproyecto fallido de 130 millones con el que se pretendió reagrupar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, ahora paralizado por el Gobierno de Cristina Cifuentes. El presidente del órgano fiscalizador autonómico, Arturo Canalda, ha asegurado que la empresa pública Campus de la Justicia, creada en 2005, sólo rindió cuentas en 2006; después, o no facilitó información, o lo hizo fuera de plazo. La sociedad fue cuatro veces apercibida por la Cámara de Cuentas, que denunció ante el Gobierno regional el oscurantismo hasta en catorce veces. Sus responsables llegaron a alegar que, como sociedad mercantil (de titularidad 100% pública) ya depositaban sus balances ante el Registro Mercantil.

Pese a las denuncias de opacidad contable, el Ejecutivo regional siguió aportando fondos públicos, incluso un año después de iniciar su disolución, por la crisis. En concreto, la Comunidad de Madrid aprobó una partida de 8,2 millones de euros en 2012, cuando ya se había anunciado su paralización. También en 2013 se llegó a aprobar una provisión de 86 millones, que luego no se ejecutó.

«Hemos hecho más de lo que teníamos que hacer», ha asegurado este martes Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas, que ha comparecido en la primera sesión de la Comisión de estudio de la deuda regional creada en la Asamblea. Ha calificado la situación de «absolutamente excepcional», constatando la «voluntad política de no informar» de los gestores políticos.

Canalda ha aprovechado para pedir una reforma de la actual ley y dotar a este órgano fiscalizador de capacidad sancionadora, para impedir casos como este. En esta primera sesión también ha comparecido el liquidador de la sociedad pública Campus de la Justicia, Miguel Ángel Fernández Calvo, quien ha indicado que el balance final de liquidación se quedó en 25 millones de euros, entre ellos el único edificio construido, el Instituto de Medicina Legal. Fernández Calvo ha circunscrito su trabajo a los seis meses que duró la liquidación; cuestionado por el destino de los 130 millones de euros totales invertidos ha señalado: «No tengo por qué saberlo».

Toda la oposicion ha denunciado el «derroche» del Gobierno regional en el Campus de la Justicia, «un solar donde actualmente solo pasan los conejos», ha descrito gráficamente el portavoz de Ciudadanos, César Zafra.