violencia de género

El PSdeG propone la creación de una red municipal de atención a las víctimas que ya existe

La viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, recuerda que esta medida «lleva funcionando tres años en 158 ayuntamientos»

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Con tres años de retraso, los mismos que lleva funcionando la red municipal de atención a las víctimas de violencia de género en Galicia, el PSdeG propone su creación. El anuncio de los socialistas gallegos de impulsar una acción de ámbito local conjunta de lucha contra esta lacra, tras el asesinato machista ocurrido en Vigo el pasado fin de semana, evidencia a juicio de los populares el «desconocimiento de la realidad gallega» del principal partido de la oposición.

«Hay que reponer las partidas para igualdad para llegar, como mínimo, a los 60 millones de euros del año 2009», defendía la secretaria de Igualdad, Eva Martínez Montero, a través de un comunicado, al tiempo que instaba a abordar la lucha «desde el origen, que es la educación» para así «prevenir».

Es más, con tal motivo, el PSdeG avanzó la visita de Carmen Montón, homóloga de Martínez a nivel federal, el próximo día 24 para concretar «políticas desde el ámbito municipal» con los socialistas gallegos. «Es necesario trabajar con grupos y entidades especializadas de una forma seria y eficaz, que no se limite a comisiones parlamentarias que no sirven para adoptar soluciones concretas», reprochó.

No tardaba en corregirle la viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, muy crítica con que los socialistas «intenten sacar rentabilidad política» de este tipo de sucesos, en clara referencia a la mujer que este domingo perdía la vida a manos de su pareja. En este sentido, la diputada popular recordó a Martínez que la medida propuesta «lleva funcionando tres años en 158 ayuntamientos».

En cuanto a la petición de aumentar los fondos contra la violencia machista, recordó que la Xunta «ya aumentó en un 17 por ciento este año» las partidas para que «ninguna mujer que decida denunciar se quede sin prestación económica». Sí le dio la razón en que «no es únicamente una cuestión económica, sino también de conciencia social y de colaboración entre todas las administraciones».

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