La amenaza de cárcel frena a los furtivos

Después de que el 1 de julio entrara en vigor la reforma del Código Penal que endurece las penas para los furtivos pesqueros, el número de casos presenta una bajada generalizada. Así lo informan fuentes de la Consellería de Medio Rural e do Mar, desde donde ven la medida como una herramienta de gran utilidad sobre todo contra casos reincidentes. A pesar de ello, zonas como las de Cabo de Cruz en Boiro o en menos medida las cofradías de Ferrol y La Coruña siguen sufriendo la visita de estos pescadores sin título administrativo habilitante. Es precisamente en estos puntos donde se contabilizaron los 30 atestados por delitos relacionados con el marisqueo ilegal desde la misma aplicación de la enmienda.

El presidente de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores, Tomás Fajardo, aseguró en declaraciones a ABC que temen que las primeras sentencias sean «descafeinadas» y no supongan una repercusión repelente a futuros furtivos. Así mismo, también apuntó a que aquellos que se mantienen pueden ser los «verdaderos delincuentes» que no temen a las sanciones y que se agrupan «formando un seria amenaza».

A pesar de ello, y ante la joven reforma, los resultados se muestran positivos. «Todos sabemos que la desaparición total es una utopía, sin embargo, desde que se reconoce como delito sí hemos sentido la bajada», reconoció Fajardo. Todo ello sumado a que se produce en época estival cuando aparece el «turista furtivo». Este nombre se le otorga a personas que de forma esporádica se suman a «recoger algo para el arroz», denuncia el presidente. «Bajo el paraguas de soy turista y con el disfraz del traje de baño, retiran pequeñas cantidades que en suma se transforman en toneladas», añade. Algunas de las especies de mariscos más afectadas son la almeja japónica y el percebe, que coinciden con los intereses de estos viajeros «de dudosa inocencia» y que acostumbran a justificarse con un desconocimiento de la ley contra un bien que consideran de todos. «Si no están agrupados, o al menos no se les descubre una conexión, se les aplica una simple sanción, pero es importante matizar que el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, y que están afectando a los comerciantes».

La reforma no solo reconoce un castigo de multa e inhabilitación a los pescadores que actúen sin licencia, sino también penas de cárcel desde seis meses y hasta dos años. Se reconoce así la solicitud de todas las cofradías de pescadores gallegos que llevaban años viendo peligrar su fuente de ingresos. Se trata de una concesión a todos aquellos terrenos sometidos a autorización marisquera o acuícola. Las penas pueden variar dependiendo de si la especie afectada está en unas condiciones de sostenibilidad del recurso especiales, del área afectada, la actuación en grupos o de forma reincidente y también el uso de medios ilegales. Se complemente del mismo modo a las ya existentes contra la violencia a los guardapesca y guardacostas, así como la extracción de mariscos que causaran un riesgo para la salud del consumidor.

Es precisamente al ciudadano a quien repercute indirectamente esta nueva sanción. Más allá de la protección de la actividad económica, la compraventa del producto significaba una amenaza sanitaria. «Están extraídos como son, de zonas que pueden estar cerradas por problemas de contaminación y que no han pasado los controles sanitarios», relató Fajardo. De igual modo, desde la consellería recuerdan que si existe furtivismo es porque hay quien les compran, por lo que es importante conocer los riesgos que esta actividad supone. El problema pasa de ser tan solo económico y social para sumarse el sanitario y ambiental.

Medidas de vigilancia

Actualmente ya existen ciertas medidas de vigilancia ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los guardacostas de Galicia y los llamados como «vigilantes de las rías», apodo que corresponde a los guardapesca que contratan directamente desde las cofradías. «A mayores algunos mariscadores organizan turnos de guardias para reforzar», afirma el representante de la federación de cofradías. Para evitar estos extremos, desde la Consellería de Medio Rural e do Mar, están probando distintas soluciones. Una de ellas sería el proyecto piloto denominado «Videoguard», que consiste en una seria de cámaras con infrarrojos que permiten constatar si una persona o embarcación está cometiendo una infracción. Aún está en fase de estudio aunque pronto se sabrá si es posible su implantación de manera definitiva. Por otro lado, también se contempla el uso de drones y ya se ha propuesto a varias empresas que ofrezcan una oferta para su estudio. Mediante esta serie de mejoras se facilita una mayor cobertura de las zonas afectadas y también un mayor número de atestados que permitirán a los pescadores dentro de la ley hacer su trabajo sin intromisiones.