La Policía advirtió a los comerciantes de A Pedra antes de la macrorredada

La macrorredada que clausuró el mercado vigués de A Pedra en octubre del pasado año no pilló por sorpresa a sus comerciantes. Según desveló este martes la responsable de la Unidad de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial, Mónica Dopico, la Policía se sentó a hablar con los vendedores para advertirlos de que este mercado iba a entrar a formar parte de la lista negra de los Estados Unidos, que eso «era una vergüenza y que habría que negociar una salida». «Dijeron que sí, muy buenas palabras y les dimos un plazo de tres meses, pero seguimos esperando a que nos llamen», reveló la agente.

Unos meses después, efectivos de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera irrumpieron en los locales de A Pedra y los clausuraron.

La operación —conocida bajo el nombre de «Cuarzo»— supuso la intervención de 22.000 prendas falsificadas. Además, la juez que lideró la investigación bloqueó 1.100 cuentas bancarias de los vendedores de la zona, además de 38 coches, 140 pisos y hasta un barco. Después de 30 años de actividad en la zona, los agentes detuvieron a 65 personas y registraron 36 puestos del mercado, nueve almacenes y seis bazares.

Implicaciones del concello

Contrariamente a las quejas y las denuncias de los comerciantes, que exigen la reapertura de A Pedra, los agentes confiaron en que la operación Cuarzo «haya supuesto el cierre definitivo de este mercado». Ahondando en esta afirmación, Dopico explicó que «me encantaría que lo abriesen, pero con otros actores». También afirmó que el éxito del «histórico» operativo se debió a un cambio de estrategia que se centró en analizar no solo los delitos contra la propiedad industrial sino también el blanqueo de capitales «que esta gente ha estado haciendo sistemáticamente durante años». Según precisaron los investigadores del caso, no se trataba de blanqueos de ingeniería, sino de algo más sencillo y con el objetivo de lucrase personalmente. A modo de ejemplo expuso el caso de uno de los detenidos en el marco de la operación, un comerciante que tenía un descuadre en sus cuentas de un millón de euros «entre lo que ganaba y lo que gastaba». Con respecto a otras posibles implicaciones, desde la Policía creen que podría haber responsabilidades por parte de la administración municipal.