Sanidad realizó 2.214 inspecciones en comedores escolares, seis con sanción

La Consejería de Sanidad realizó el pasado año un total de 2.214 inspecciones en los comedores escolares de Castilla y León, según fuentes de la Dirección General de Salud Pública de la Junta, de la que dependen estas competencias De la citada cifra, sólo seis acabaron en sanción y fueron los cinco comedores de León y el de Segovia en los que se detectaron los gorgojos en la sopa. En este caso, la empresa que presta el servicio, Serunión, ha tenido que hacer frente a una multa de 69.109 euros, de los que 24.008 corresponden al expediente abierto por incidente alimentario. Al margen de las sanciones, la labor de la inspección ha concluido también, en algunos casos, con la apertura de expedientes de carácter informativo que acabó sin mayores consecuencias.

Se trata de una actividad de control realizada desde el departamento de Sáez Aguado, perfectamente reglada y que se centra especialmente en los llamados «comedores de riesgo», que son los que tienen un mayor número de inspecciones, precisamente por el tipo de colectivos, más vulnerables, a los que van dirigidos. Así, se considera que en Castilla y León hay 2.414 comedores de riesgo en los que se atiende a niños, ancianos, enfermos y presos. De esa cifra, 505 son no elaboradores (catering) y 1.907 elaboradores.

Protocolo

El número de inspecciones depende del sistema de autocontrol que tiene cada establecimiento ya que, según señalaron fuentes de la Dirección General de Salud Pública, «evaluamos el riesgo y vamos más o menos veces», señalan las mismas fuentes. En el caso de los comedores escolares -en Castilla y León hay 462 públicos a los que hay que sumar los 120 pertenecientes a los centros concertados-, cada comienzo de curso los inspectores hacen una visita para comprobar que todo está en orden y preparado para la actividad. Lo normal es que al menos se realicen dos controles al año, si bien depende de la forma en la que se sirve la comida, ya que si se trata de línea fría las inspecciones son menores, porque los riesgos de incidencias también disminuyen. «El control es permanente», señalan fuentes de la Dirección General de Salud Pública, al tiempo que matizan que siempre que hay un cambio de actividad es necesario una comunicación que deriva en la consiguiente inspección.

Fuentes del departamento de Sáez Aguado explican que todos los establecimientos alimentarios están sometidos al requisito de inscripción en el registro sanitario. Cuando se trata de «vender» o «entregar» in situ alimentos directamente a los consumidores, es necesario que el operador realice una comunicación previa del inicio de la actividad. Después, se realiza una primera visita con el fin de realizar una comprobación de los datos notificados y una categorización del riesgo para llevar a cabo una programación de control.