El juez imputa a la cúpula de Cepyme por supuesto fraude

El juez Tomás Martín, del juzgado de instrucción número 33 de Madrid, ha citado a declarar, a título de imputados, a Jesús Bárcenas, expresidente de Cepyme (Confederación de la pequeña y mediana empresa); a su secretario general, José Alberto González, y al gerente, Manuel Vilar, como parte de las diligencias previas incoadas hace unos meses tras la denuncia presentada por tres vocales de la patronal salmantina contra el presidente de Cepyme, Jesús Terciado. Aquellos le acusan de haber cobrado de forma supuestamente irregular unos 313.000 euros entre 2011 y 2012.

El propio Terciado ya declaró, también como imputado, el pasado 15 de julio en el citado juzgado. Por ello, desde Cepyme intentan restar importancia a las nuevas actuaciones ordenadas por el juez Tomás Martín.

«Estaba dentro de lo previsto», subrayó un portavoz de la organización.

Estas citaciones -fijadas para el próximo 12 de noviembre, según la providencia a la que ha tenido acceso este periódico- responderían a las explicaciones dadas por Terciado durante su comparecencia en el juzgado, donde admitió haber cobrado diversas cantidades de dinero durante 2011 y 2012 a través de dos sociedades a su nombre, Ingasert S. L. y Tecrucyl. Terciado subrayó que utilizó esa fórmula para cobrar un salario como presidente porque era el mecanismo que se encontró cuando accedió a la presidencia de Cepyme. Sin embargo, a partir de octubre de 2013 pasó a contar ya con un sueldo de alta dirección.

El juzgado de instrucción también ha solicitado los libros de contabilidad de Cepyme y las facturas de Ingasert y Tecrucyl durante los años 2010-2011-2012 y 2013 «a los efectos de valorar por un perito las partidas a favor de las mencionadas empresas, cuándo, por cuánto y en qué conceptos constan».

Casi 15.000 euros al mes

La denuncia, por un presunto delito de estafa, apropiación indebida, societario y de falsedad documental, fue presentada por Bernabé Cascón, Benjamín Crespo y Ricardo Andrés, y fue admitida por el juzgado de instrucción número 33 de la capital. Los denunciantes afirmaban que Ingasert S. L. y Tecrucyl, ambas con domicilio social en Ávila, comparten «un objeto social prácticamente idéntico de ingeniería agrícola» y en las que figura Terciado como «socio y administrador de ambas», facturaron «cantidades muy significativas a Cepyme». En concreto, en la querella se especifica que entre ambas la cantidad asciende a 313.320 euros lo que, dividido, por el número de meses alcanzaría una cifra mensual de 14.919 euros por conceptos que, para los querellantes, «tienen difícil encaje en la actividad de Cepyme».