Los sueldos de los políticos (y III)

POR todo lo anteriormente expuesto, es evidente que fijar el sueldo justo para un político es una cosa tan arbitraria como lo sería el tratar de acordar la mejor combinación en la lotería primitiva para obtener un premio, con la salvedad de que en esas negociaciones siempre gana el que puede jugar, ya que en esa casa de apuestas solo participan ellos y con el dinero ajeno.

En el mundo ajeno a la política, el sueldo de los ejecutivos lo fija el mercado, la oferta y demanda de personas cualificadas para desarrollar una función. Y en paralelo, un mayor sueldo también implica mayores responsabilidades exigibles en los tribunales. En la política no es así, en la práctica son impunes por sus decisiones políticas.

Conviene aclarar que si bien ha habido políticos condenados a penas pecuniarias e incluso cárcel, lo han sido por delitos de corrupción, otros negocios o tratos ilegales, pero no por razón de esa presunta responsabilidad de sus decisiones en el ejercicio del cargo público.

Como ejemplo de esa imposibilidad de exigir responsabilidades patrimoniales por decisiones tomadas en el ámbito de la política, contra toda lógica y asesoramiento de los equipos de funcionarios del Estado, no de la corte de asesores digitales y «agradaores palmeros» con que se rodean, los que han llevado a sus países al abismo. Grecia es un buen ejemplo reciente, o Cuba, Venezuela, la extinta República Alemana Democrática o la Unión Soviética, pero no más estrambóticas que el caso español donde «bobos solemnes» e «iluminados en la Moncloa», sobradamente bien pagados por cierto, han llevado el modelo a cotas galácticas, confluencias dijo Leire Pajín. Nuestra tierra canaria no está exenta de casos similares, aunque, por la limitación de los fondos que pueden disponer para dilapidar, son más limitados. Es la diferencia fundamental entre disponer del BOE o del más modesto BOC, en términos monetarios, no siempre en número de páginas publicadas con sus pompas y sus obras.

Por fortuna también se dan los casos, más frecuentemente entre la ultraizquierda, en que personajes electos por mor de su acrisolada demagogia populista, cuando pisan moqueta y se suben al coche oficial tras haber dejado la bicicleta, el metro o la guagua, cambian de opinión y se vuelven pragmáticos. Algunos incluso piden cumplido asesoramiento bien remunerado a familiares, eso que cuando lo hacen otros políticos tildan de nepotismo, pero en ellos no lo es por mor de su compromiso social. ¿Con cuánto dinero habría que remunerar a esos políticos?

Proclamaban unos líderes podemitas que ellos habían constituido en Canarias «pactos de progreso», por ejemplo en Gran Canaria. Habría que preguntarse qué entienden ellos por progresismo para que esa frase deje de ser un eslogan y tenga contenido reconocible. Las experiencias de esos pactos han resultado ser un progreso hacia la ruina y los liberticidios, siempre trufados de reparto de dinero público, sin control fiable, a «colectivos» más o menos difusos. Repartir dinero a los pobres, no para enseñarles a pescar y poder ganarse la vida, sino para darles un pescado y poder comprarles mañana el voto. No es casual que Andalucía, Extremadura y Canarias lideren las tasas de desempleo, de pobreza y de políticas sociales de progreso. ¿Es justo pagar a los que gustan de ese obvio retroceso en el bienestar general las tres veces el salario mínimo interprofesional que predica Noemí Santana?

Por último, hay otra clase de personajes pagados con dinero público que actúan como políticos camuflados desde los tribunales. Son aquellos jueces que los políticos colocan en los tribunales que han de juzgarles, si al final no hubiera otro remedio. ¿Cómo habría que remunerarles, como funcionarios o en función de los servicios prestados a sus patrocinadores?