El sector público supone dos de cada diez euros del PIB de la comunidad autónoma

El sector público supone cerca de dos de cada diez euros del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, según los últimos datos de contabilidad regional del Instituto Nacional de Estadística (INE). No en vano, el Archipiélago es una de las comunidades autónomas en que más peso tiene la actividad de la Administración Pública, que incluye Seguridad Social, educación y sanidad y servicios sociales. En las Islas, por tanto, resultaría harto difícil encontrar una familia en la que al menos uno de sus miembros no se relacione, directa o indirectamente, con el sector público.

En España hay hasta 11 regiones en las que el peso de lo público en sus respectivos PIB supera la media nacional (17%). En Canarias casi llega al 19%, dos puntos porcentuales más, de modo que la comunidad figura entre las seis autonomías en que más influencia tiene sobre sus economías la actividad de la Administración.

Las otras cinco son Extremadura (26,2%), Castilla y León (20,6%), Andalucía (20,4%), Murcia (19,3) y Castilla-La Mancha (19,2). En consecuencia, y en términos porcentuales, el sector público del Archipiélago es uno de los más grandes del país.

Los datos del INE ponen de manifiesto que la agricultura, ganadería y pesca (2,5%), la industria (16,1%) y la construcción (5,2%) representan prácticamente el 24% del PIB nacional; por su parte, la Administración activa supone el susodicho 17%. Para entender la importancia del sector público en las Islas basta con apuntar, en contraposición con la realidad nacional, que la suma de su agricultura, ganadería y pesca (1,7%), industria (8,1%) y construcción (4,5%) no llega ni siquiera al 14,5%, es decir, la Administración (18,9%) pesa mucho más en el PIB canario, 4,6 puntos más, que los tres citados subsectores juntos. Estos, ya en términos absolutos, reportan al Producto Interior Bruto de la autonomía poco menos de 5.800 millones de euros, mientras que la actividad del sector público genera casi 7.700 millones, siempre con arreglo a las cifras de la contabilidad regional del INE.

Las economías de la comunidad canaria y del conjunto del país sí tienen en común que, en ambas, únicamente el sector del comercio y la hostelería, en definitiva, el turismo, consigue superar la aportación de la Administración a sus respectivos PIB, si bien la dependencia de esta última es sensiblemente mayor en el Archipiélago, tal como se ha expuesto. En las Islas, el «comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y almacenamiento y hostelería» es el 30,7% del PIB, esto es, más de 12.500 millones de euros. Hay que recordar que comercio y hostelería (turismo) solo suponen más de ese 30,7% en el otro territorio insular del país, Baleares, donde representan cerca del 33% de su economía. Es esta la razón de que todas las fuerzas políticas vengan insistiendo, una vez más de cara a las elecciones, sobre la necesidad de potenciar la industria, y con ella el valor añadido de la economía canaria, sin renunciar a los beneficios del turismo.

En cuanto al empleo, la encuesta de población activa (EPA) permite comprobar cómo la destrucción de puestos de trabajo a que dio lugar la crisis socioeconómica alcanzó tanto al sector privado como al público, aunque no con la misma intensidad. Allá en el último trimestre de 2007, cuando se produjo el estallido de la crisis con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime, o hipotecas basura, había en la comunidad autónoma, exactamente, 637.700 asalariados en el sector privado, en las empresas. La última EPA, la del período octubre-diciembre del año pasado, revela que hoy apenas son poco más de 516.000. En otras palabras, el número de trabajadores se ha reducido un 19% a consecuencia de la restricción del crédito y del consumo y del resto de circunstancias que se derivó de las estrecheces.

Funcionarios

En el caso de los funcionarios o empleados públicos, estos eran en aquellos fatídicos últimos tres meses de 2007 casi 141.000 (140.600). La EPA calcula que ahora, siete años de crisis después, son 119.500. El decremento, pues, es también notable, más de 21.000 asalariados menos en la Administración (-15%), si bien es inferior al que ha experimentado el sector privado (-19%) en sus plantillas.