¡Destitución y cierre inmediato!

Hace unas semanas, fue noticia la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, al afirmar en el parlamento canario que estaba teniendo conversaciones, para ayudar económicamente a El Museo Canario, con el doctor Gregorio Chil y Naranjo, fallecido en el año 1901. Sin embargo, por lo que ha sido principalmente noticia durante los últimos años no es por mentir al Parlamento, cosa por lo que debería ser destituida inmediatamente, sino por su desastrosa gestión y derroche de dinero público.

Un claro ejemplo es la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A. (Visocan), que depende de su consejería. Esta empresa cuenta con cerca de 400 viviendas de protección vacías o en proceso de rehabilitación según publicó ABC; ha abierto junto con el Instituto Canario de la Vivienda más de 1000 expedientes de desahucio a la vez que el ejecutivo autonómico pretendía quitar por la fuerza (expropiar) viviendas a los bancos; tiene una deuda que no consigue pagar con facilidad de alrededor de 200 millones de euros, según los presupuestos para 2015; y pareciera que está en funcionamiento para privilegiar a algunas personas, pues en los presupuestos de 2014, se destinaron casi 200.000 euros para sólo tres directivos.

Lo más grave no es la deuda y el dispendio de dinero del contribuyente de esta sociedad mercantil, sino que en el siglo XXI pueda existir una empresa pública dedicada a la construcción. Las viviendas de protección oficial sirven principalmente para que políticos como Rojas presuman públicamente de estar produciendo viviendas dignas para todo el mundo. Pero la triste realidad es que la mayor parte de las familias compran vivienda libre y, al quedar reducida la oferta de suelo para éstas, el precio pasa a ser más elevado de lo que de otra manera hubiese sido. Así, la intervención ejercida a través de la política de suelo, hace todavía más difícil la compra de una vivienda al canario medio. Pero la situación es aun peor cuando es una empresa pública, que carece de incentivos económicos y se mueve por decisiones políticas, quien las construye.

No obstante, siempre habrá quien diga que la solución sería que todas las viviendas sean de precio intervenido y construidas por el gobierno. Basta imaginar lo que ocurriría si con la misma excusa se interviniera cualquier otro recurso básico para darse cuenta de que el resultado sería la reducción de la calidad y el aumento del coste de producción. Por todas estas razones, de inmediato, Visocan debe ser cerrada y la señora Rojas expulsada del Gobierno.