La comisión de expropiaciones aún tiene abiertos casos de 2009

La Comisión de Valoraciones de Canarias, el órgano colegiado que entiende en temas de expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial, aún tiene abiertos expedientes que datan de 2009. Son más de 400 los casos que se le acumulan encima de la mesa, muchos (la mayor parte) de 2012 o de años anteriores, según reconoce el propio Ejecutivo autonómico en una respuesta por escrito a una pregunta del diputado de la oposición Felipe Afonso El Jaber (Partido Popular).

Tres son los expedientes que están desde 2009 en las dependencias de la Comisión de Valoraciones y que siguen sin resolverse. Uno de ellos, el que lleva más tiempo enredado en la burocracia, se inició el 4 de noviembre de 2009, esto es, hace prácticamente un lustro.

De hecho, y al margen de estos tres casos extremos, un buen número de expedientes permanecen durante años en los cajones. Tan es así, que de los 422 que, exactamente, tiene pendientes el órgano colegiado, 57 datan de 2010; 72, de 2011; y 127, de 2012. En otras palabras, aquellas personas que han sido expropiadas por la Administración autonómica o por entidades locales y que han de recurrir a la Comisión de Valoraciones probablemente tengan que afrontar un proceso de años. La respuesta del Gobierno regional, en concreto de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, revela que a esos casos de 2012 o antes se suman 92 de 2013 y 71 más de este año.

Dejación

El departamento que dirige Javier González (Coalición Canaria) achaca los retrasos en la resolución de estos expedientes a «diversas» causas, entre ellas la «dejación» de responsabilidades de muchos ayuntamientos. Relata la consejería que con mucha frecuencia son los propios afectados (esas personas a las que, por ejemplo, se les quita una propiedad para construir una carretera) quienes, «ante la pasividad de las administraciones públicas obligadas a incoar los expedientes de expropiación forzosa», recurren a la comisión. Por si fuera poco, en ocasiones los ayuntamientos ni siquiera responden con celeridad a la petición del órgano colegiado para que le envíen el expediente administrativo y la información urbanística correspondientes: «En muchos casos tardan en enviarla o no la envían», asegura el Ejecutivo del Archipiélago.