El tranvía de Zaragoza, camino de la Fiscalía

Las enrevesadas cuentas que ha dejado el proyecto del tranvía promovido en Zaragoza por el PSOE parecen abocadas a acabar en la Fiscalía. El PP ha confirmado que en el listado de pagos realizados por esas obras aparecen millonarios abonos por trabajos que en realidad nunca fueron realizados. Una fangosa irregularidad que los populares sopesan poner en manos de los fiscales, aunque todavía no lo han dicho públicamente. Tal y como se ha presentado hasta ahora desde la oposición, una irregularidad de esta índole podría tener correlativas consecuencias penales que le tocaría dirimir a la Justicia.

Las anomalías destapadas ahora se suman a las sospechas que se arrastran desde hace años por la contabilidad de un proyecto que ha hipotecado a los zaragozanos con 639 millones de euros a pagar en 30 años, a 50.000 euros por cabeza, como desveló ABC hace unas semanas.

La presión del PP por que el gobierno municipal hiciera públicas las cuentas detalladas que ha dejado esta obra –realizada por fases, entre 2008 y principios de 2013– ha hecho aflorar documentos que durante años fueron guardados con celo por el equipo del alcalde Juan Alberto Belloch y los socios privados con los que sacó adelante el proyecto: CAF, Tuzsa, FCC, Acciona, Ibercaja y Concessia. Todos ellos, junto con el Ayuntamiento, forman el capital de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza S.A., encargada de la construcción y explotación de los menos de 13 kilómetros de tranvía que hay en funcionamiento. Una línea que, según informes de la Cámara de Cuentas, ha acabado costando 629 millones de euros de fondos públicos para 30 años, entre el dinero que la Administración inyectó para las obras y las subvenciones a que se comprometió con sus socios privados para la explotación comercial del tranvía, año tras año. Un coste total que, por tanto, sale a casi 500 euros por centímetro de vía.

Millonarias obras inexistentes

Lo abultado de las cifras generó revuelo. Ahora, la oposición dirige abiertamente su dedo acusador contra el gobierno municipal del PSOE al detectarse que se abonaron algo más de 2,2 millones de euros en obras falsas. Es lo que al menos se ha confirmado hasta la fecha, con documentos que certifican que se pagaron esas cantidades sin que los trabajos se hubieran hecho. Eran cuatro en concreto, una reforma no realizada en los accesos a un párking, la construcción de unas cocheras y el traslado de dos fuentes monumentales en las céntricas plazas de España y de Basilio Paraíso. Una de esas fuentes se eliminó directamente, sin más, y la otra ni se tocó.

Las cuatro obras estaban previstas inicialmente en el proyecto inicial que se adjudicó por el Ayuntamiento a precio cerrado cuando se contrató la construcción del tranvía. La sociedad Los Tranvías y el Ayuntamiento –que a su vez es parte de esa empresa– tratan de capear el escándalo afirmando que todo se ajustó a la legalidad. Reconocen que, efectivamente, en la lista de obras liquidades aparecen varias que nunca se hicieron, pero dicen que es legal, porque se sustituyeron por otras que, sin embargo, no acaban de concretarse cuáles fueron y cuál su supuesto coste.

El PP insiste, sin embargo, en que en ningún caso se puede pagar un euro por algo que no se ha hecho. Los populares se apoyan en jurisprudencia e informes legales relativos a obras públicas realizadas con el mismo método, además de los propios documentos firmados en su día para la ejecución del tranvía de Zaragoza.

El PP subraya que los documentos son nítidos: se especifican en varios abonos algo más de 2,2 millones de euros justificados expresamente por obras falsas, nunca realizadas. Tampoco consta que el Ayuntamiento pusiera reparo en efectuar esos pagos pese a que era visible y notorio que dichos trabajos no se habían hecho. Y eso, subrayan los populares, «no tiene vuelta de hoja».

«Beneficio industrial»

Los trabajos no se hicieron, pero eso no impidió que se abonaran incluso cantidades extra: al presupuesto inicial que se había calculado se añadió en todos los casos un 13 por ciento más en concepto de «gastos generales», otro 6 por ciento adicional por «beneficio industrial» y, para rematar, el correspondiente IVA –el 18 por ciento en aquel momento–.