Compromís se une al jefe del puerto que cobró nueve millones al dejar la CAM

Compromís mantiene su cruzada particular contra los sueldos que considera elevados en la Diputación de Alicante –gobernada por el PP– mientras que no ha tenido ningún empacho en enrolarse en el consejo del puerto de Alicante codo con codo con su nuevo presidente, Juan Antonio Gisbert, que se embolsó nada menos que nueve millones de euros al salir de la antigua Caja Mediterráneo (CAM), 1.500 millones de pesetas de 2001.

Y no solo se trata de un aspecto olvidado de su pasado, cuando dejó de ser director general de la entidad financiera alicantina, puesto que en su nuevo cargo recién estrenado también va a percibir unas retribuciones por encima de las del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el referente que Compromís utiliza para reclamar una bajada de salarios en la Diputación.

Según el portal de transparencia del Gobierno, el Ministerio de Fomento tenía fijado desde 2013 un total de 78.689 euros anuales para el máximo responsable de la Autoridad Portuaria alicantina, unos 11.000 más que Puig, si no hay cambios.

Así se lo reprochó el martes el presidente provincial del PP, José Císcar, quien resaltó que «es sorprendente porque Compromís quiere una regulación de determinados sueldos y, en cambio, parece que de otros no», con el ejemplo de Gisbert y también del presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, diputado autonómico de la formación nacionalista. En este caso, percibe 95.000 euros, aunque hace días ya se les recordó desde Ciudadanos que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, disfruta de 82.600 y sus cinco concejales superan los 75.000, todos de Compromís y cobrando más que el presidente del Consell.

«Satisfacción»

El elegido por los nacionalistas para trabajar en el equipo de Gisbert es el portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, quien ayer mostró su «satisfacción por la reciente incorporación al consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Alicante». Sobre las críticas vertidas por el PP provincial contra la decisión de la Generalitat de nombrarle a él y dejar fuera a la Diputación provincial, Bellido quiso «dejar bien claro que no le quitamos el puesto a nadie».

Asimismo, se vanaglorió de que «Compromís per Alacant ha realizado un trabajo muy importante en defensa de los intereses del puerto, para denunciar los chanchullos llevados a cabo por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, en la Fundación del Puerto que, afortunadamente, por la presión entre otros de Compromís ha cerrado». Paradójicamente, fue Ripoll precisamente quien negoció y concedió a Gisbert aquella abultada indemnización, esos 1.500 millones de euros, cuando Ripoll era vicepresidente del Consell que presidía Eduardo Zaplana.

Bellido abunda en su recuerdo crítico con Ripoll, ya que a su juicio «el único legado que le deja la Diputación al Puerto de Alicante ha sido la figura de uno de sus expresidentes, el señor Ripoll, que después de saltar de la Diputación por sus múltiples imputaciones recaló en la institución portuaria, escondiéndose y refugiándose en un retiro dorado». Allí, además, «colocó en una fundación con sospechas de gestión irregular, a personal de su entorno que llegaron allí sin saber qué era un contenedor, y es esa falta de profesionalidad y rigor la que han hecho que el puerto esté hoy como está». En cambio, sus gestiones que proporcionaron los nueve millones de euros al hoy presidente del puerto, a cuyas órdenes se pone ahora Bellido, no parecen incomodarle.

Hombre de Echávarri

No en vano, los posibles remilgos a un fichaje de estas características sin duda se difuminan cuando el alcalde sostenido por la formación nacionalista (y Guanyar), Gabriel Echávarri, ha tenido en Gisbert a un ayudante de su máxima confianza.

En la última campaña electoral formó parte de su equipo como asesor económico y los veteranos socialistas no pueden olvidar que se trata de uno de sus referentes de prestigio. Fue director general cuando Joan Lerma presidió la Generalitat y posteriormente fue recolocado cogiendo las riendas de Ruralcaja en su recta final.

El nombramiento al frente de la terminal en sustitución de Juan Ferrer se ha materializado sin críticas, no como la polémica exclusión por sorpresa de las diputaciones de Alicante y Castellón de los consejos de administración. En el caso alicantino, para incorporar precisamente a Bellido.

La interpretación que desde las filas populares han hecho de este gesto es que el PSOE y Compromís pretenden frustrar la iniciativa del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, de que se autorice una zona franca libre de impuestos y se propicie la consolidación de un núcleo logístico empresarial.

Bellido rechaza esta posibilidad, y ayer señaló que «no se puede presentar un plan para convertir el puerto de Alicante en zona franca, sin haber consultado a los actores implicados: empresarios del sector portuario, Cámara de Comercio y la propia Autoridad Portuaria». Pese a que Sánchez ha encargado a los empresarios del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) un informe del impacto económico de esta fórmula. Bellido ve otras «urgencias» y cree que la zona franca «requiere de mucho consenso territorial entre administraciones», aunque hace unos días el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se sumó a la idea y la elevará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.