El Senado da un paso más para el juicio político de Rousseff

En una decisión ya prevista, el Senado ha dado hoy un paso crucial en el proceso de destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. La Comisión Especial de Destitución del Senado, dirigida por políticos de oposición al Gobierno, votó el informe del relator socialdemócrata Antonio Anastasia, que recomendó el inicio del juicio político de la mandataria y su salida del Gobierno durante los seis meses del proceso, a partir de la próxima semana.

El líder del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Humberto Costa, admitió que la decisión ya se conocía de antemano. «Los integrantes fueron elegidos a dedo», declaró a la televisión del Senado, sobre los miembros de la comisión. El senador cree, sin embargo, que todo cambiará en la votación del pleno, prevista para el 11 de mayo. Aunque la mayoría de los pronósticos políticos apuntan a una nueva derrota de Rousseff, que ya parece resignada a dejar el Palacio del Planalto.

La petición está siendo analizada por la comisión desde el 18 de abril, después de que Rousseff perdiera la votación en la Cámara de Diputados por 367 votos contra 137. El informe de Anastasia considera que la petición de «impeachment» de Rousseff cumple todos los requisitos legales y que los hechos presentados son suficientes para admitir la denuncia por «crimen de responsabilidad».

Irregularidades presupuestarias

La denuncia acusa a Rousseff de irregularidades presupuestarias tras firmar seis decretos para complementar su presupuesto de 2015 sin autorización del Congreso, cuando admitió que no cumpliría la meta fiscal prevista para ese año. La acusación también cita el retraso en los pagos de préstamos de bancos públicos utilizados para financiar programas sociales, en una especie de maquillaje contable.

En su defensa, congresistas oficialistas y el Abogado General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, argumentan que ese tipo de gestión es práctica común en el Ejecutivo brasileño, y citan incluso maniobras similares realizadas por el relator Anastasia, cuando era gobernador de Minas Gerais, entre 2010 y 2014. Cardozo, que defiende a Rousseff en el Congreso, también tramita la petición de anulación del proceso, que fue presentado y conducido en la Cámara de Diputados por Eduardo Cunha, suspendido del cargo el jueves en una decisión unánime del Supremo. Cunha, dirigió la votación cuando ya era reo de la justicia, y la decisión de la Corte confirmó su vínculo con 11 crímenes de corrupción, entre desvío de fondos de Petrobras y obstrucción de las investigaciones en ese escándalo.

Las oportunidades de que Rousseff se salve, sin embargo, son mínimas y ni los oficialistas creen que lograrán superar esa votación que debe dejarla fuera del Gobierno por seis meses, ni creen que volverá después de eso. En su lugar debe asumir el vicepresidente Michel Temer.