May reconoce que la salida de la UE puede retrasarse

Theresa May va tropezando con la tozuda realidad económica. Ayer, en una alocución en la sede de la patronal británica (CBI), reconoció por primera vez que la ruptura total con la UE podría retrasarse. Su Gobierno estudiará un «acuerdo de transición» con Europa, para evitar que las empresas «queden al borde del acantilado» con una salida drástica y total. Tal anuncio enfurecerá a los brexiters, muchos de su propio partido y hasta de su propio Gobierno, como los ministros Boris Johnson, Liam Fox y David Davis.

A comienzos del mes pasado, May presentó su plan de salida de la UE: Brexit drástico, con invocación del artículo 50 que inicia la desconexión antes de finales de marzo. Los brexiters sacaron su calculadora y aplaudieron entusiasmados: con los plazos de la primera ministra, el Reino Unido podía estar fuera en la primavera de 2019, a la vuelta de la esquina.

May hizo hincapié además en que su prioridad sería controlar la inmigración, poner fin al libre acceso de los comunitarios a Gran Bretaña, incluso si ello obligaba al país a quedarse fuera del mercado único europeo.

Pero la salida de Europa no va a ser el paseo militar que anunciaba la campaña del Leave. El Reino Unido lleva 43 años en la UE. Los capilares de su legislación están muy imbricados en todo tipo de aspectos de la vida cotidiana británica. La City, primera industria del país con 450.000 empleos directos, necesita conservar el pasaporte europeo. Las empresas están enormemente preocupadas con la salida del mercado único y también les desagrada perder la mano de obra asequible y muchas veces cualificada que suponen los trabajadores comunitarios.

«¿Qué pasará al día siguiente de la salida de la UE? Su Gobierno tiene la responsabilidad de que la incertidumbre sea mínima», le espetó a May el presidente de la patronal, Paul Drechsler. Y la primera ministra suavizó su mensaje, reconoció que «la gente no quiere situarse al borde del acantilado» e insinuó un «acuerdo de transición» con la UE. En su línea reservada, May no explicó más, pero los analistas británicos dan por hecho que aludía a que no habrá una ruptura total dentro de dos años, como se decía al principio. Esa posible demora del Brexit sentó de maravilla a la libra, que tras sus palabras se apreció un 1% contra el dólar y un 0,8% ante el euro. Justo lo contario de lo que ocurrió cuando anunció su inclinación por el Brexit duro, que situó el valor de divisa un 16% por debajo del que tenía antes del referéndum.

En el limbo

Si la ruptura se llevase a cabo como propugnan los bréxiters, ocurriría lo siguiente: invocación del artículo 50 en marzo para iniciar las negociaciones de dos años con Bruselas; en la primavera de 2019, salida total de la UE, con el Reino Unido fuera de la zona comercial europea y con el final de la libre entrada de comunitarios a Gran Bretaña. Con ese plan, en 2019 los británicos se incorporarían a la OMC y comenzarían a pagar aranceles por exportar a la UE. Un panorama aterrador para los empresarios. El Reino Unido estaría en un limbo: en la OMC y sin un nuevo acuerdo comercial con la UE, porque se calcula que negociarlo llevará unos cinco años.

¿Qué supondría el acuerdo de transición que ayer insinuó May? Pues que a la espera de completar un nuevo tratado comercial con la UE, el Reino Unidos seguiría de facto en el mercado único, contribuyendo al presupuesto comunitario y admitiendo como ahora la libre entrada de los ciudadanos europeos. En la práctica, la desconexión completa de Europa se pospondría hasta 2024. La peor pesadilla de los brexiters hecha realidad.

Limar asperezas con los empresarios

En la reunión con la patronal, May trató también de limar asperezas con los empresarios, a los que había zarandeado con dureza en su día, afeándoles prácticas de evasión fiscal, desigualdades salariales y capitalismo deshonesto. Como gesto de buena voluntad, ayer retiró su controvertida propuesta de sentar a los trabajadores por ley en los consejos de administración de las compañías y anunció que el país tendrá el impuesto de sociedades más bajo del G20. Hoy es del 20% y en 2020 está previsto que caiga al 17%, pero podría dejarlo en el 15%. En España es del 25%.