CLAVES DE LATINOAMÉRICA
Perú ante la «vía chilena»: disturbios y apuntar a un cambio de la Constitución de Fujimori
En la crisis peruana hay mucho de maniobra: se rechaza a un presidente interino por sustituir a Vizcarra y se aplaude al siguiente, que consolida la «usurpación»
La embrollada situación política que ha venido viviendo Perú, lejos de avanzar hacia la estabilidad, se ha complicado las recientes semanas. No es solo que ha habido cuatro nombramientos de presidente en cuatro años , sino que los dos últimos se han sucedido en muy pocos días. La perspectiva de las próximas elecciones generales, previstas para el 11 de abril del próximo año, debiera servir de válvula de escape. No obstante, las acusaciones de corrupción hacia buena parte de los dirigentes políticos –todos los anteriores presidentes y la mitad de los actuales diputados– está abortando los intentos de regeneración. El hecho de que Perú sea uno de los países más afectados del mundo por la crisis sanitaria y económica causada por el Covid-19 tampoco ayuda a encarar una salida.
Noticias relacionadas
En la marejada política desatada desde la elección del empresario Kuczynski en 2016 ha habido mucho fuego cruzado de intereses personales y de partido, con unos dirigentes utilizando el Congreso y la promoción de ciertas leyes para salvarse de investigaciones y otros maniobrando para avanzar su agenda estratégica. Si hay algún grupo que especialmente se ha beneficiado de todo ello ha sido la izquierda , cuyo núcleo duro es el Frente Amplio, que ha visto cómo sus principales rivales se desmoronan.
Beneficio estratégico de la izquierda
Así, en este tiempo, la Fuerza Popular de Keiko Fujimori se ha deshecho y el partido que le sustituía en mayoría de escaños, Acción Popular, ha quedado desacreditado en su operación de derribo de Martín Vizcarra, que en 2018 subió a la presidencia por ser vicepresidente de Kuczynski. Manuel Merino, de Acción Popular, está siendo ahora investigado por las dos muertes de manifestantes en las protestas que hubo durante sus cinco días de presidencia interina, cargo al que accedió al ser presidente del Congreso.
Después de que las marchas de protesta forzaran el domingo la dimisión de Merino, el Frente Amplio intentó de facto alcanzar la jefatura del Estado, proponiendo una candidata para la presidencia del Congreso y, por tanto, para la presidencia interina del país. Al no sumar los votos suficientes, el Frente Popular optó finalmente por apoyar para el cargo al centrista Francisco Sagasti en una lista en la que otra diputada del Frente Amplio iba en segundo lugar y que, por tanto, pese a pertenecer a un grupo pequeño, será quien lleve el día a día del Congreso mientras Sagasti dirige el país.
Lo curioso es que la opinión pública que antes criticaba a Merino por haber «usurpado» el puesto de Vizcarra y que respaldó las protestas, ahora ya no salga a la calle y aplauda la «usurpación» que prolonga Sagasti, sin esperar siquiera a que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto.
Constitución de Fujimori
Es la tormenta perfecta para que algunos sectores, especialmente la izquierda, comiencen a plantear la necesidad de un nuevo proceso constituyente con la redacción de una Constitución que sustituya la de 1993 , aprobada durante la presidencia autoritaria de Alberto Fujimori, un año después de su autogolpe. El espejo chileno aquí parece claro: incluso uno de los últimos episodios vividos –la caída del presidente interino Manuel Merino– ha contado con manifestaciones callejeras y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Augusto Pinochet y Alberto Fujimori, al tiempo que ciertamente limitaron las libertades y vulneraron derechos humanos, pusieron las bases de un desarrollo económico que luego, básicamente, fueron respetadas por los gobiernos democráticos que hasta ahora se han sucedido, de la derecha al centroizquierda. Ese éxito económico explica tanto el apoyo a Pinochet y a Fujimori que parte de la derecha de sus países sigue expresando, como que la gestión de la izquierda moderada haya servido de cortafuegos frente la izquierda más radical o populista. Así, ni Michelle Bachelet ni Ollanta Humala en realidad cuestionaron los fundamentos del liberalismo económico , y ambos sirvieron de dique ante la ola bolivariana que se extendió por Latinoamérica en las últimas dos décadas (Humala coqueteó con el chavismo, pero luego reculó).
El bolivarianismo se instaló mediante reformas constitucionales en Venezuela, Bolivia y Ecuador, y la senda de los procesos constituyentes, teorizada en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, parece la preferida por la izquierda minoritaria en otros países como modo de suscitar nuevas dinámicas políticas que le sean más favorables.
En Chile, la demanda de una nueva Constitución ha acabado siendo mayoritaria, como se vio en el plebiscito del mes pasado, y lo mismo podría ocurrir en Perú si ese objetivo pasara a impregnar el debate político. Al fin y al cabo no es muy glorioso regirse por una ley fundamental aprobada en una dictadura. El consenso con que en Chile se redacte la nueva y la amplitud de libertades que esta garantice hablarán finalmente de lo acertado o no de todo el proceso.
