El Parlamento egipcio aprueba una represiva ley antiterrorista que blinda a las fuerzas de seguridad

El Parlamento egipcio ha aprobado este domingo una polémica ley antiterrorista que determina penas por actos de terrorismo desde los cinco años hasta la de muerte, blinda a Ejército y Policía en casos de «uso proporcional de fuerza» y establece multas para aquellos periodistas que contradigan la versión oficial acerca de cualquier ataque militar.

Aprobada con una mayoría de 457 votos a favor, la ley solo ha contado con la única modificación –aprobada el año pasado– respecto al decreto ley original redactado por el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y que rebaja la pena de prisión para los periodistas culpables de infringirla hasta la multa actual.

Sin embargo, ante la ambigua redacción de la ley, el líder del Partido Al Nur, Mohamed Salá Jalifa, ha expresado su temor a que ocurra una proporcional «holgura en su aplicación».

«La ley (antiterrorista) fue impuesta en circunstancias excepcionales, cuando el país se encontraba totalmente vulnerable, pero ahora, cuando el peligro ya ha pasado, debería existir un equilibrio entre proteger el Estado y sus instituciones y salvaguardar los Derechos Humanos», ha valorado Jalifa, cuyo partido que posee únicamente doce asientos en el nuevo Parlamento frente a la cuarta parte que controlaba en el anterior.

Además, la Cámara también ha aprobado un decreto de 2014 que dictamina nuevas medidas para la protección de edificios gubernamentales, otorgando la capacidad a los tribunales militares de juzgar a aquellos civiles acusados de atacar dichos edificios o cortar carreteras.

Con su primera reunión celebrada el pasado 10 de enero, el nuevo Parlamento está obligada por la Constitución a revisar en un periodo de 15 días todos y cada uno de los decretos ley –cerca de 400– aprobados por el presidente Al Sisi durante los más de tres años que han pasado desde su disolución, en 2012.

La Cámara está dominada por una coalición leal al presidente Abdelfatá al Sisi y consta de 568 miembros electos, más otros 28 designados por el propio presidente. Se trata del Parlamento más numeroso de la historia del país.

Por su parte, grupos defensores de los Derechos Humanos han acusado a Al Sisi y a su Gobierno de cometer abusos de forma sistemática, incluido la detención de unos 40.000 presos políticos y torturas, acusaciones que el régimen niega.