La oposición pide tomar la calle tras el retraso del revocatorio a Maduro

Después de largas semanas de espera, en medio de una gran tensión política y grave crisis económica, los venezolanos recibieron este miércoles con desolación el anuncio de un calendario electoral que impide que el revocatorio de Nicolás Maduro se celebre este año. Un golpe a la transición democrática, ya que hace imposible también el adelanto de las elecciones y garantiza que el chavismo se mantendrá en el poder al menos hasta 2019.

El Consejo Nacional Electoral (CNE, de mayoría chavista), impuso la fecha del 26 al 28 de octubre para la recogida del 20% de las firmas del electorado. Paso previo para poder realizar el revocatorio que, además, se tendrá que llevar a cabo en cada estado y no a nivel nacional, como reclama la oposición.

La coalición opositora ahora sí tiene la certeza de que el referéndum contra Maduro no será posible antes del próximo 10 de enero, como era su objetivo para poder adelantar las presidenciales. Es más, para hundir las esperanzas de la oposición, el exvicepresidente chavista Jorge Rodríguez consideró este jueves «completamente imposible» que la consulta se celebre en 2017, debido a los «miles de eventos fraudulentos» en la recogida de las firmas necesarias para el revocatorio.

Jesús «Chúo» Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), aseguró que las protestas y manifestaciones masivas serán la estrategia para obligar al Gobierno a rectificar. Torrealba anunció: «Viene una protesta masiva, constitucional, pacífica y contundente, en defensa de los derechos de la población y de la Constitución». El líder opositor considera que la decisión del máximo órgano electoral «lesiona el pacto de convivencia de los venezolanos». Aseguró que no solo habrá una gran protesta, sino que se abre ahora una fase de manifestaciones continuas en contra del Ejecutivo y de las decisiones del Poder Electoral. «Se van a encontrar con un país en pie de lucha en defensa de la Carta Magna», concluyó.

Venezuela amaneció con la pregunta: ¿Y ahora qué? «El Gobierno nuevamente lo volvió hacer, no hemos aprendido nada en todos estos años. Tenemos miedo de protestar. A todo el mundo lo están metiendo preso y no existe un motor en la oposición que mueva al pueblo. La gente está desilusionada de que la dirigencia no tenga respuestas contundentes», responde Agustín Muñoz, un administrativo de la banca pública.

Tras la gran marcha opositora del pasado 1 de septiembre en Caracas, el régimen ha desatado una persecución férrea contra varios dirigentes de la oposición, detenidos o perseguidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política), como es el caso de David Smolansky, Lester Toledo, Carlos Melo, Braulio Jatar y Daniel Ceballos.

Otras voces de la disidencia, como la de María Salazar, son más optimistas y creen que la salida está en no dejarse vencer por la desesperanza y llegar hasta el final del proceso revocatorio. «Somos un país que puede salir de esta crisis. La multitudinaria marcha del 1 de septiembre no fue una ilusión óptica, sino la demostración de que los venezolanos queremos salir de forma democrática de este gobierno», afirmó. Al mismo tiempo, el director de la empresa demoscópica Datanálisis, Luis Vicente León, sostiene que «el 75% de los consultados quisiera buscar una salida democrática a través del cambio político que promete el revocatorio».

El oficialismo perenne

Según los plazos establecidos por el CNE, el referéndum se celebraría «a mediados del primer trimestre de 2017», por lo que una eventual derrota de Maduro no implicaría la celebración de unas presidenciales anticipadas sino que simplemente sería reemplazado por el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz. En este caso, el chavismo se mantendría en el poder hasta el fin del mandato de Nicolás Maduro en 2019. Para que se adelanten las elecciones, el revocatorio debería celebrarse antes del comienzo de los dos últimos años del mandato de Maduro, es decir, el 10 de enero como fecha tope.

La figura del revocatorio fue incorporada en la Constitución de 1999 y se utilizó por primera vez en la historia de Venezuela el 15 de agosto de 2004, cuando los opositores del expresidente Hugo Chávez perdieron la consulta para sacarlo del poder. La oposición consiguió 3.989.008 votos, frente a los 5.800.629 que obtuvo Chávez.

Eugenio Martínez, periodista experto en cuestiones electorales, consideró que el CNE aprobó las «peores condiciones» para el proceso de recogida del 20% de las firmas. El principal problema es, a su juicio, que se exija recoger el 20% de las rúbricas en todos los estados, bajo pena de anular el proceso. Martínez añade que el CNE planea habilitar solo 1.355 de los 14.515 centros de votación que hay en Venezuela. En su cuenta de Twitter apuntó además que esos centros «fueron escogidos con un evidente sesgo político».

Si la oposición cumple todos los requisitos exigidos, el Poder Electoral convocará la consulta a comienzos de diciembre. «Si se alcanzara el quorum mínimo para la activación del mecanismo, la convocatoria del evento tendría lugar a principios de diciembre, fecha a partir de la cual comienzan los 90 días reglamentarios que tiene el organismo para realizar el referendo. De manera que el evento pudiera efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017», explica el CNE.

Para que Maduro saliera del poder, al menos 7,5 millones de venezolanos deberían votar «sí» en el revocatorio, que es el número de sufragios con los que fue elegido el mandatario para completar el mandato de seis años del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.

La única opción

El sociólogo y analista político Trino Márquez declaró a ABC que la oposición tiene un escenario muy complicado por las condiciones que ha impuesto el ente electoral. «Lo del 20% por estado es una adulteración de la Constitución. Además del horario y la localización de las máquinas». Para este analista, la única opción que tienen los opositores es «tomar las calles de manera pacífica y exigir el cumplimiento de la Constitución, como ocurrió en Perú o en Ucrania».