Maduro pone en alerta al Ejército tras el «ataque» de un helicóptero al Supremo

La tensión en Venezuela sigue creciendo. A los más de dos meses de protestas, que se han saldado con al menos 75 muertos, se ha sumado un episodio propio de una película de Rambo. Un helicóptero de la policía, pilotado por el agente -y actor de películas de acción-, Óscar Pérez, tiroteó y lanzó varias granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior. El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami,ha informado de que el helicóptero ha sido localizado en una localidad del estado Vargas, próximo a Caracas.

En el momento del ataque, el helicóptero, supuestamente robado de la base aérea Francisco de Miranda, portaba una pancarta en la que se podía leer: «350 Libertad», en alusión al artículo de la Constitución que faculta a los venezolanos a desconocer el régimen que contraríe las garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos.

Tras la acción, el aparato se posó sobre la azotea de un edificio y los ocupantes se dieron a la fuga. Con anterioridad, el piloto había colgado en las redes sociales varios vídeos en los que explicaba que formaba parte «de una coalición de funcionarios militares, policiales y civiles en contra de este Gobierno transitorio y criminal». En una de las grabaciones de reivindicación del ataque, Pérez asegura que la acción tiene como único fin «devolver el poder al pueblo democrático, y así cumplir y hacer cumplir las leyes, para restablecer el orden constitucional».

Por su parte, el presidente, Nicolás Maduro, puso en alerta el Ejército tras calificar el acto de «ataque terrorista» y responsabilizar a la oposición del mismo. Recordó que es este tipo de «escalada armada» lo que ha venido «denunciando», y lo que le daría argumentos para activar el protocolo de defensa «para preservar el derecho a la tranquilidad». Se da la circunstancia de que el ataque del helicóptero se produjo pocas horas después de que el propio Maduro subiera las tensión por el contenido militarista de uno de sus discursos. «Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia, y fuese destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate», dijo durante un acto chavista en Caracas. «Nosotros jamás nos rendiríamos y lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas, liberaríamos nuestra patria con las armas», agregó.

Orden internacional

Mientras las autoridades venezolanas seguían ayer la pista del agente Óscar Pérez y el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, confirmaba que se había dictado una orden de captura internacional roja contra el agente policial, la fiscal general, Luisa Ortega, cada día más enfrentada con el régimen chavista, replicaba a las declaraciones de Maduro que habían calificado el ataque al TSJ de un acto terrorista: «Aquí parece que todo el país es terrorista, un alto porcentaje del país es terrorista (...) yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar».

Hay quien ha visto en el ataque al TSJ una forma de distraer la atención sobre otro incidente de extrema gravedad. En el mismo momento en que Óscar Pérez atacaba las instituciones venezolanas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) entraba en la sede de la Asamblea Nacional, donde tenía lugar una sesión plenaria, para colocar algunas cajas de material electoral y varias armas. Mientras todo el mundo seguía con atención la incursión del policía-actor, nadie se enteró de que varios diputados fueron agredidos por los uniformados y secuestrados hasta pasadas las 21 horas de la noche del martes.

En el caso de la Asamblea Nacional, el encargado de la GNB, el coronel Vladimir Lugo, de la policía militarizada, violó el poder legislativo al irrumpir y agredir a tres diputados (entre ellos, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional). Borges se refirió al coronel Vladimir Lugo Armas como la representación de la Fuerza Armada Nacional que «no queremos». Sin embargo, añadió, «hay gente entre los militares que no quiere el modelo actual. Es mucho más lo que se ve puertas adentro que hacia afuera».

Conspiración

Durante el secuestro de los parlamentarios, los militares intentaron colocar cajas de armamento y material electoral para luego acusar a los diputados opositores de «conspirar» contra el régimen. «Habría sido un error responder al coronel Lugo y aparecer nosotros como los violentos. Por eso grababan, era lo que ellos querían y su actuación en la Asamblea Nacional es una demostración de lo que viene para Venezuela si abandonamos la lucha», insistió Borges.