Declaran culpable del asesinato de Berta Cáceres al expresidente de la empresa hidroeléctrica DESA

Roberto David Castillo se ha convirtido en el octavo condenado por la muerte de la activista, al que mataron a balazos en 2016

Miembros de Copinh celebran el fallo del juez frente a la Corte Suprema de Justicia AFP

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Roberto David Castillo, expresidente ejecutivo de la empresa hidroeléctrica DESA –Desarrollos Energéticos S.A.–, ha sido declarado culpable como coautor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres , a quien un grupo de hombres que irrumpieron en su casa, en La Esperanza (Honduras), en la madrugada del 3 de marzo de 2016 (el día antes de su cumpleaños) mataron a balazos.

La activista, fundadora del COPINH –Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras–, era la cabeza visible de un movimiento que se oponía a la construcción de una presa en el Río Gualcarque (al oeste de Honduras), un proyecto conocido como Agua Zarca. Según explicaba su hija Laura Zúñiga a ABC dos años atrás, su madre fue asesinada porque molestaba y sus palabras contradecían los intereses económicos de otros.

Castillo, también exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en la escuela militar estadounidense West Point, fue arrestado el 2 de marzo de 2018 y se ha convertido en el octavo sentenciado por el caso. A finales de ese año, siete hombres –desde militares hasta cargos públicos– fueron condenados a prisión como autores materiales del crimen «en un juicio plagado de irregularidades en el que, por ejemplo, la defensa de Berta y Gustavo Castro [único testigo del crimen, al que también intentaron asesinar] no tuvieron acceso al expediente completo ni a todas las pruebas del juicio», según denunciaban un año más tarde desde la ONG Amnistía Internacional (AI).

La sentencia ha concluido, finalmente, que Cáceres fue asesinada por encargo de DESA y que «Castillo tuvo participación en la causa como coautor del delito». Tal y como indica la agencia de noticias Europa Press, en la audiencia se reveló el contenido de las conversaciones telefónicas que mantuvieron Castillo y los otros siete sentenciados, en diciembre de 2019, a entre 30 y 50 años de cárcel por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015. Miembros del COPINH, que habían instalado un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia para esperar el fallo, celebraron la decisión con petardos, cantos y bailes.

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