En qué consiste el Acuerdo del Brexit que ha rechazado el Parlamento británico

Se trata de la hoja de ruta para el divorcio entre Reino Unido y la UE

Un detractor y un partidario del Brexit, junto a la sede del Parlamento británico este viernes Afp

ABC

La Cámara de los Comunes ha sometido a votación este viernes, por tercera vez, el acuerdo para el Brexit que la primera ministra británica, Theresa May , alcanzó con Bruselas y que fue rechazado en dos veces anteriores. May ha tenido que sortear la negativa del presidente de la Cámara, John Bercow, a que se vuelva a votar una misma moción ya rechazada dos veces anteriormente, para lo que arguía una norma de 1604. Para vencer este obstáculo, la «premier» ha optado por llevar a la Cámara solo el Acuerdo de Salida del Reino Unido de la UE, pero no la declaración política que le acompaña, sobre la que se tendría que pronunciar el Parlamento más adelante.

[Aquí te contamos en directo la votación del acuerdo del Brexit .]

¿En qué consiste el Acuerdo y la declaración política? Estas son las claves de cada uno.

El Acuerdo de Salida

Periodo transitorio. El Acuerdo de Salida o de «divorcio» entre Reino Unido y la UE establece un periodo de transición hasta finales de 2020 a partir de que el Brexit se haga efectivo. De acuerdo con la última decisión adoptada por el resto de miembros de la Unión, esa fecha se aplazaba desde el 29 de marzo inicial al 12 de abril si que el acuerdo no reciba el respaldo del Parlamento británico o al 22 de mayo, en caso de que no lo obtuviera. En esa etapa transitoria, el Reino Unido continuará dentro del mercado único y teniendo que cumplir la legislación comunitaria, mientras Londres y Bruselas siguen negociando una nueva relación comercial.

Derechos de británicos y comunitarios. Se recoge también en este Acuerdo de Salida los derechos tanto de los ciudadanos británicos en los países de la UE como el de los comunitarios en territorio británico, una vez que concluya el periodo de transición. En ese momento, dejará de regir en Reino Unido la libre circulación de personas y se creará un nuevo sistema de inmigración para ese país.

Factura del divorcio. Otro de los puntos esenciales es la factura del «divorcio», es decir, la cantidad que Reino Unido tendrá que pagar a la UE por su salida del club, que asciende a unos 45.000 millones de euros (39.000 millones de libras).

Salvaguarda irlandesa. Así mismo, se incluye la llamada «salvaguarda» irlandesa o «backstop», el principal punto de fricción y obstáculo que ha impedido hasta ahora que el pacto reciba el respaldo de la Cámara. Se trata de un mecanismo que busca evitar que se vuelva a levantar una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y consistiría en que Reino Unido continuaría en la unión aduanera e Irlanda del Norte seguiría acatando determinadas normas del mercado único. Esta medida únicamente podría anularse a través de un acuerdo entre las dos partes.

Gibraltar. La cuestión del Peñón ha quedado recogida en un protocolo que establece una estrecha cooperación entre España y el Reino Unido para la aplicación de las disposiciones sobre los derechos de los ciudadanos establecidas en el acuerdo y la cooperación administrativa en diferentes ámbitos. Los acuerdos independientes sobre Gibraltar que puedan alcanzarse requirirían del visto bueno previo de España.

Otros aspectos. El acuerdo regula una amplia serie de cuestiones, que van desde el transporte aéreo y la seguridad a la sanidad, el medio ambiente o la jurisdicción.

La declaración política

En cuanto a la declaración política, a la que el Parlamento británico tendría que dar su aprobación en una votación separada a la del Acuerdo de Salida, esboza la futura relación comercial entre la UE y el Reino Unido tras el Brexit. Solo será legalmente vinculante si finalmente se ratifica, para lo que requiera la aprobación de los 27 miembros restantes de la Unión.

En el texto, de 26 páginas, se establece que ambas partes mantendrían «una relación comercial de bienes tan estrecha como sea posible, con vistas a facilitar el comercio legítimo» y que se crearía un «área de libre comercio».

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