Jon Burge, el policía torturador de Chicago

A raíz del homicidio de dos policías de Chicago en el invierno de 1982, Jon Burge, colega de los fallecidos y responsable del Área 2 –en la que se produjo el suceso– puso en marcha una redada implacable para detener a los autores. Sus pesquisas resultaron en el arresto de dos afroamericanos, que respondían a los nombres de los hermanos Andrew y Jackie Wilson . Durante los primeros interrogatorios, Burge y los oficiales a sus órdenes no se pararon en barras: sofocaron a los sospechosos con una bolsa de plástico, simularon su ejecución colocándoles una pistola en la boca, les golpearon con espesas guías telefónicas y les administraron descargas eléctricas. Andrew Wilson tuvo que ser trasladado a un hospital, adonde llegó con varios cortes en la cabeza, quemaduras de segundo grado y moratones en diversas partes de su cuerpo.

El dramático episodio fue ampliamente publicitado por varias organizaciones de derechos civiles –entre otras por la que dirigía el reverendo Jesse Jackson, por entonces en el punto álgido de su gloria mediática–, llegando a centrar la atención de la opinión pública estadounidense durante años, pues la primera sentencia, emitida por un tribunal de Illinois, condenó a muerte a Andrew Wilson por el homicidio de los dos policías. Sin embargo, en 1987, la Corte Suprema de aquel Estado anuló el primer fallo al entender que la confesión de Andrew había sido obtenida mediante la tortura. El nuevo juicio ordenado por la misma instancia judicial concluyó en la culpabilidad de Andrew, que murió en la cárcel en 2007. Jackie fue juzgado por separado.

Sin embargo, el largo proceso puso al descubierto que el caso de los Wilson no era aislado y que la tortura era habitual en Burge –desde principios de los setenta, según algún medio, y hasta 1991–, que fue expulsado de la policía en 1993. Pero no condenado en los numerosos juicios a los que se enfrentó, pues la mayoría de los cargos habían prescrito , lo que aumentó la indignación; sí lo fue varios años después por perjurio y obstrucción a la justicia debido a las mentiras que profirió en una de sus comparecencias judiciales, pasando dos años y medio entre barrotes. En lo pecuniario, las indemnizaciones a las víctimas tras la acción civil sumaron una cantidad cercana a los cien millones de dólares, que fue pagada por el Ayuntamiento de Chicago.

El brutal historial de Burge tuvo efectos positivos, plasmados en varios cambios legales, que abarcaron desde la obligación de filmar los interrogatorios por homicidio –el ponente de la nueva ley fue el joven congresista estatal Barack Obama – hasta la prohibición de dictar condenas a muerte basadas en meros testimonios individuales. Nunca hubiera pensado Bulge que gracias a él se producirían importantes mejoras en materia de derechos humanos y libertades individuales. Burge nunca llegó a arrepentirse del todo. Con su magra pensión, terminó sus días en una discreta localidad de Florida.