Bruselas fiscaliza el supuesto autoritarismo de la política polaca

La Comisión Europea ha decidido iniciar el proceso para evaluar si elnuevo Gobiernopolacorespeta los valores comunitarios esenciales para proteger las reglas del Estado de Derecho. Es la primera vez que el Ejecutivo comunitario da un paso de tales características desde que se estableció formalmente este mecanismo en 2014. La situación respecto a otros países se llegó a debatir en instancias inferiores, pero nunca se llegó a desencadenar este mecanismo que puede llevar a un estado –y no de los pequeños, además de principal receptor de ayudas comunitarias– a ser sancionado con la pérdida de sus derechos de voto.

La decisión se aprobó por unanimidad en la reunión del Colegio de Comisarios de este miércoles, aunque esta se prolongó mucho más de lo habitual, señal de que hubo un debate intenso. La comisaria polaca, Elzbieta Bienkowska, responsable de Industria y Mercado Interior, también aprobó la medida que afecta a un Gobierno sostenido por un partido, el PiS (Ley y Justicia, ultraconservador) con el que no simpatiza.

El primer vicepresidente de la Comisión, el holandés Frans Timmermans, explicó que este miércoles mismo había enviado al Gobierno de Varsovia una carta en la que «les he pedido específicamente que nos expliquen por qué dos sentencias (del Tribunal Constitucional) no han sido cumplidas por parte de las otras instancias del Estado polaco». La carta inicia el proceso de diálogo, todavía no el mecanismo sancionador. A partir de ahora la Comisión y el Gobierno polaco intercambiarán preguntas y respuestas durante las próximas semanas y en marzo Bruselas volverá a analizar la situación. Solo entonces podría decidir si se toman medidas. «El propósito de este proceso –dijo Timmermans– es aclarar los hechos de manera objetiva, evaluar la situación con más profundidad y empezar un diálogo con las autoridades polacas sin prejuzgar ningún posible próximo paso».

La Comisión quiere que el Gobierno de Beata Szydło le aclare las polémicas modificaciones que ha introducido en el proceso de nominación del presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional y que se han interpretado como una medida para que el Gobierno tenga un mayor margen de maniobra ante los jueces, a base de imponer la exigencia de una mayoría de dos tercios en lugar de la mayoría simple para declarar una ley inconstitucional. La carta de la Comisión también pide explicaciones sobre el refuerzo del control gubernamental que supone la nueva ley de medios públicos, que impone un criterio político para el nombramiento de los responsables de los mismos. En el aspecto estrictamente técnico, la normativa podría ser equivalente a la que se aplica en varios países –España incluida.

Despidos

En la práctica, esta reforma sobre la gestión de los medios públicos prevé medidas inquietantes, como la que establece que el mismo día de su entrada en vigor todos los periodistas de medios públicos serán sistemáticamente despedidos, ya que se creará un nuevo holding empresarial. Y no se sabe todavía si todos volverán a ser contratados o solo los que sean considerados afines al Ejecutivo.

El PiS ganó las elecciones del 25 de octubre por mayoría absoluta y controla ahora el Gobierno y la presidencia de la República, aunque se considera que es Jaroslaw Kaczynski quien dirige realmente el país desde la presidencia del PiS.

Ante los primeros requerimientos de la Comisión a finales de diciembre, las autoridades polacas, concretamente el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, habían respondido con cierta exaltación acusando al Ejecutivo comunitario de «presionar sobre un Parlamento elegido democráticamente y sobre el Gobierno soberano de Polonia», y a Alemania de estar detrás de estas «maniobras». El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, mantuvo una larga conversación telefónica el martes por la noche con la primera ministra Szydlo para explicarle la posición de Bruselas, pero a juzgar por el resultado de la decisión del miércoles del Colegio de Comisarios, no sirvió para aplacar las cosas.

Ahora la primera ministra polaca ha pedido comparecer ante el Parlamento Europeo en la sesión plenaria de la semana que viene en Estrasburgo para defender sus posiciones, en un debate que estaba ya previsto y que por ahora no se espera que termine en una votación.

Apoyo de los grupos

Sin embargo, los principales grupos políticos de la Eurocámara han manifestado su apoyo expreso a la decisión de la Comisión. La eurodiputada luxemburguesa del PPE Vivianne Reding, que precisamente promovió la creación de este mecanismo de salvaguardia cuando era comisaria, sostuvo que la «deriva autoritaria de Polonia debe ser detenida». El portavoz del grupo socialista, el italiano Gianni Pittella, dijo en una conversación con ABC que «si se permite que no se respeten los principios europeos, ya no seríamos una comunidad de valores». Los liberales lo han calificado de «paso histórico», según su portavoz, el ex primer ministro belga Guy Verhofstad.