Unos 15.000 guerrilleros de las FARC se beneficiarán de la amnistía en Colombia

Un día después del apretón de manos del presidente colombiano Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ambiente este jueves en el país sudamericano era de franco optimismo. Ya hay una serie de reglas claras sobre cómo los rebeldes van a penar sus delitos. O cómo no lo harán. Unos 15.000 miembros de las FARC se beneficiarán de la amnistía que se concederá a los culpables de delitos políticos y relacionados, ha manifestado el fiscal general, Eduardo Montealegre. Se sabe que el próximo 23 de marzo se firmará un proceso de paz definitivo y que dos meses después dejarán las armas. Habrá un referéndum, claro está.

El pueblo debe votar si aprueba o no todo lo pactado en Cuba, donde desde hace tres años se negocia con la guerrilla. ¿Se romperá este proceso como los tres anteriores? Nadie lo menciona ni en broma.

«Estoy satisfecha, esperanzada, contenta», declaró a ABC Astrid Hernández, una odontóloga jubilada de 78 años, cuyo hijo, Noel José Téllez, de 24 años, desapareció el 1 de octubre de 1991 cuando tenía 24 años. «Fueron las FARC. Eran las únicas que existían en ese pueblo, Miraflores (provincia de Guaviare, sur), cuando mi hijo recién graduado de médico se fue a trabajar al hospital». ¿Le importa que quienes secuestraron a su hijo tengan penas mínimas de cárcel? «Me gustaría que me dijeran dónde está su cadáver, qué hicieron con él. Les tiendo la mano, los perdono, cierro los ojos. Pase lo que pase, vamos para adelante», dijo en conversación telefónica.

Ella, como la mayoría de los ciudadanos, no entiende el detalle jurídico que se conoce como «justicia transicional», un término que se refiere al conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado para reparar las violaciones masivas de derechos humanos. Ese sistema especial, que era el nudo gordiano durante varios meses, incluye beneficios para quienes admitan su responsabilidad en delitos graves o crímenes de guerra. Ambas partes crearon una «jurisdicción especial de paz», que contará con salas de justicia y con un tribunal de paz competente sobre todos los actores implicados en la guerra. Según lo anunciado se establecerán dos tipos de penas: uno para los que reconozcan su responsabilidad en esos delitos y otra para los que no.

Entrevistado por medios locales Juan Carlos Henao, el asesor del Gobierno en cuestiones de justicia dentro del proceso de paz, explicó en detalle de qué se trata. «Nunca se había avanzado tanto en negociaciones con esa guerrilla», dijo. Los colombianos son conscientes de que este proceso tiene ingredientes únicos y diferentes a los anteriores. En primer lugar, estos son los primeros diálogos con una estructura jurídica, que aunque «no gustará a todos», como bien explicó el presidente Santos, tiene elementos que han funcionado en otros procesos de paz en el mundo. En segundo término, las FARC no son las de antes. Tienen menos de un 4% de popularidad en el país, están diezmadas como grupo rebelde –de 16.000 hombres a 8.000 hoy–, sus líderes ya rozan los 60 años, la lucha contra el Estado durante más de 50 años les demostró que perdieron, están en la listas de organizaciones terroristas. Seguir luchando en esas condiciones no parece tener sentido.

«Aunque el Congreso colombiano deberá impulsar reformas de carácter legal y constitucional –agregó Henao–, todo va a depender de la verdad». Según lo firmado, cuanta más verdad, menor sanción para el que la confiese. «Si el guerrillero no dice toda la verdad, se va a juicio contradictorio, con justicia ordinaria y puede tener sanciones de prisión, hasta de 20 años en cárcel ordinaria. No bastará con que el guerrillero diga su verdad, sino que esta será cotejada con la información de la Fiscalía, las asociaciones de víctimas, las ONG especializadas en derechos humanos», puntualizó Henao.

Con ingredientes adicionales. «Habrá un tribunal especial de paz, que contará con 20 magistrados, de los cuales, el 20% o el 25% serán extranjeros. Aquí se necesita reformar la Constitución, la actual dice que los ciudadanos solo pueden ser procesados por nacidos en Colombia. Este tribunal, que tendrá su propio reglamento, va a dictar sentencias que tendrán el valor de cosa juzgada absoluta. Aún no se ha definido quiénes integrarán ese tribunal», puntualizó.

No habrá extradición, los bienes de las FARC serán incautados, el secuestro no tendrá amnistía, la guerrilla podrá participar en política. Todo esto apenas empieza a entrar en la cabeza de los colombianos.

«No habrá impunidad»

Problemas vendrán, sin duda. Para el director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, el acuerdo sellado conlleva impunidad para los autores de delitos graves, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) podría no aceptarlo. «Permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión. Es difícil imaginar que esta fórmula de justicia transicional (decidida en Cuba) supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en última instancia, en la Corte Penal Internacional».

Pero el Gobierno pidió optimismo. En rueda de prensa en La Habana, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle Lombana, aseguró que el acuerdo tiene un valor especial debido a que fue construido por las mismas partes en conflicto. «Los crímenes que más les duelen a los colombianos no van a quedar en la impunidad», prometió