Alejandro Ordóñez: «El diálogo con las FARC debe tener una fecha límite»

Crítico con el proceso de paz que el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC desarrollan en La Habana, el jurista Alejandro Ordóñez (Bucaramanga, 1955) asegura que la guerrilla no muestra «el menor arrepentimiento, sino una justificación de sus atrocidades». Desde 2009 procurador general de Colombia (órgano que vela por el cumplimiento de la ley y la Constitución), ha viajado a España para reunirse con colombianos beneficiarios de pensiones y de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en su país de origen. En Madrid tiene previsto reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional y la fiscal general del Estado.

–¿Las negociaciones de paz peligran más que nunca, después del fin de la tregua unilateral por parte de la guerrilla, tras el bombardeo del Ejército en Cauca?

–El proceso de paz está en crisis, pero no hay que matarlo sino que rescatarlo. Esa crisis, más que por los bombardeos y la muerte de treinta guerrilleros, está por el escepticismo de la sociedad frente al proceso de paz, por el autismo desafiante de la guerrilla frente al pueblo. En todas sus intervenciones no hay el menor arrepentimiento sino una justificación de sus atrocidades. Pero el proceso de paz debe rescatarse, así se haya utilizado políticamente para dividir al país. Esa crisis también está dada por la incapacidad del Gobierno de convocar un pacto para la paz con los críticos del proceso.

–Uno de los principales críticos es el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo valora su posición frente al proceso de paz que se desarrolla en Cuba?

–Toda crítica frente a cualquier política pública debería ser bienvenida. El gobernante debe escuchar a la sociedad. El problema de hoy es que se oyen pero no se escuchan. Ni el proceso de paz por sí mismo es perverso ni los críticos pueden ser catalogados como enemigos de la paz.

–¿Hasta cuándo se puede extender el diálogo entre el Gobierno y la guerrilla en La Habana?

–El Gobierno debería ponerle fecha límite. Ese es uno de los grandes errores del proceso, el no haberle colocado fecha.

–¿Teme un recrudecimiento de los bombardeos y la violencia de la guerrilla?

–A las fuerzas militares no las pueden amarrar. No las deben amarrar. Cuando se les amarró, los resultados fueron dramáticos: militares muertos, la sociedad civil desprotegida, lo cual aumentó la incredulidad frente al proceso. La guerrilla pretende extorsionar y acobardar a la sociedad civil, y postrar al Gobierno para que acepte la suspensión bilateral o la tregua. Eso sería una trampa. Cuando se ha pactado en otras épocas, ello ha sido utilizado por la guerrilla para fortalecerse, lo cual haría muy difícil la firma de la paz.

–Con el cambio de ministro en Defensa ¿cree que habrá más o menos operaciones contra la guerrilla?

–Las operaciones militares no deberían bajar en intensidad. En la medida en que se mantengan como en los últimos días, ello podría ser una buena pedagogía para que las FARC entiendan que si no se firma pronto (la paz), el Estado mantiene la voluntad política de cumplir con sus deberes constitucionales de defender los derechos de los colombianos ejerciendo legítimamente la fuerza.

–¿Las FARC dejaron de secuestrar, matar y colocar minas durante el alto el fuego que mantuvieron entre el 20 de diciembre y la semana pasada?

–Nunca hubo un alto el fuego unilateral. En esa etapa murieron casi treinta militares y policías, una decena de civiles. Las acciones criminales contra la sociedad civil se mantuvieron. La guerrilla siguió traficando droga, sembrando minas antipersona y reclutando niños.

–¿Confía en que la participación de la canciller María Angela Holguín refuerce las negociaciones?

–Ojalá tenga ese efecto.

–¿Teme que la comunidad internacional se canse de apoyar unas negociaciones que se dilatan en el tiempo?

–Eso generaría mucho nerviosismo.

–Porque interpretó erradamente mis funciones constitucionales. Las seguiré cumpliendo con el mismo talante y la misma decisión. Él sabe que me seguiré metiendo.

–Su segundo mandato como procurador general termina en enero de 2017. ¿Puede confirmar sus aspiraciones a la presidencia de Colombia en 2018?

–Mientras sea procurador no pensaré en esas cuestiones porque ello distraería y afectaría el cumplimiento de mis funciones. Sería una imprudencia en la cual no voy a incurrir.

–¿Los jefes de la guerrilla deben pagar sus crímenes con la cárcel o es viable que en algunos casos las penas sean sustituidas por trabajos comunitarios?

–Los máximos responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio y de graves violaciones de los derechos humanos deben pagar con penas privativas efectivas de libertad, es decir, con cárcel.

–¿Colombia puede hacer más para proteger los derechos de las víctimas?

–Legislativamente tenemos un diseño muy apropiado. En la práctica, con frecuencia esos derechos no son suficiente y adecuadamente protegidos.

–El ministro de Defensa ha alertado de que se está incautando un 20% más de cocaína, lo que indica que se produce más droga. ¿Cuál es el motivo?

– Se ha reducido la fumigación con glifosato (herbicida), se ha disminuido la erradicación manual, se está desmontando la política contra los cultivos ilícitos. En los últimos tres años se redujo la fumigación con glifosato en cerca del 50%, la erradicación manual en cerca del 39%. Con la decisión reciente de suspender la fumigación con glifosato, Colombia va a nadar en coca en los próximos años. Hoy en Colombia hay cerca de 90.000 hectáreas de coca.

–El ministro de Salud alega que el glifosato produce cáncer.

–Eso no es cierto. No hay ninguna certeza científica de que el glifosato dé cáncer. En Colombia, en los últimos 37 años no ha habido un solo muerto por el glifosato. El estudio científico en que se basa se refiere a las personas que manipulan habitualmente el glifosato, no es el caso de los campesinos propietarios de predios donde hay coca y es fumigada. El Gobierno fue alegre al fundarse en un estudio científico que no podía ser aplicado.

–¿Qué le parecen las informaciones sobre los supuestos vínculos de altos cargos del chavismo y militares venezolanos con el narcotráfico internacional?

– Eso que ahora se confirma, desde hace muchos años se sabía de manera informal. Se conocía como versión no oficial que hay un triángulo entre los oficiales venezolanos, las FARC y los carteles mexicanos. De ahí lo grave que significa la suspensión de fumigaciones. El beneficiario directo es el cártel de las FARC. Las alforjas de las FARC, a raíz de esta suspensión, se llenarán de millones de dólares con los cuales financiarán la guerra terrorista. Que no se vaya a creer que con esos dólares se repararán a las víctimas.

–Una de sus más polémicas decisiones fue la destitución e inhabilitación durante 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por un problema con la recogida de basuras. ¿Qué motivó su decisión y cuál es el futuro del primer edil?

–La decisión fue por incumplir sus deberes funcionales y poner en grave riesgo la salud pública. Yo cumplí con mi deber, tengo la absoluta tranquilidad del deber cumplido. Administrativamente dicha actuación finalizó. Ahora está en manos del Consejo de Estado. No se cuál va a ser el futuro del alcalde Petro, solo lo conocen los consejeros de Estado.