Drogas, sexo, castigos... las graves acusaciones que se han vertido sobre un centro de menores de Guipúzcoa

Un vigilante de seguridad del centro de menores Ibaiondo , situado en el municipio guipuzcoano de Zumárraga, denunció ante la Policía Nacional las graves irregularidades que presuntamente tienen lugar dentro de las instalaciones, donde según su versión se trafica con sustancias estupefacientes e incluso se habrían producido «relaciones íntimas» entre internos y el personal educativo . Una información que este mismo viernes puso en duda el Departamento de Justicia del Gobierno vasco, cuya directora, Loly de Juan , informó de que los gerentes del centro le han asegurado que las acusaciones son falsas.

Según la información adelantada por El Diario Vasco, el vigilante de seguridad se personó en verano ante las dependencias de la Policía Nacional en nombre de otros 14 compañeros. Su denuncia iba dirigida tanto para el director del centro como para Delta, la empresa adjudicatoria de las instalaciones. En el texto constan las conductas «totalmente delictivas» que supuestamente tienen lugar dentro de las instalaciones, entre las que citó el «tráfico de estupefacientes», las relaciones sexuales entre educadores y menores y la desprotección sanitaria de estos últimos.

Por otro lado, la denuncia especifica que el director del centro «no solo no obró conforme a la legislación», sino que conculcó el deber de los vigilantes «de informar de la comisión de dichos delitos antes las fuerzas de seguridad para su persecución o seguimiento». El operario hace mención a más de una treintena de casos en los que tanto él como sus compañeros intervinieron sustancias estupefacientes entre septiembre de 2012 y el pasado verano, periodo en el que según la cabecera donostiarra también se detectaron al menos dos casos de relaciones sexuales entre educadoras e internos.

Una vez trascendió la noticia, la plantilla de Ibaiondo rechazó las acusaciones del vigilante, al que acusaron de «difamar» y «calumniar» para deteriorar la imagen del centro . Los trabajadores de las instalaciones, educadores y el resto de personal, a excepción de los vigilantes de seguridad, hicieron público un comunicado a través del sindicato CC.OO. en el que desmintieron «categóricamente» el contenido de la denuncia. Unas acusaciones que tildaron de «aberrantes» y que no tienen «nada que ver» con la vida diaria y la actividad «cotidiana» de los operarios.

En la misma línea, la directora de Justicia del Gobierno vasco, Loly de Juan, aseveró que no tiene «constancia» de que se hayan producido en el centro guipuzcoano situaciones como las que describió en su denuncia el vigilante. De hecho, informó de que los gerentes del centro le trasladaron que dichas informaciones no son ciertas. En un acto celebrado ayer en Bilbao, la dirigente socialista explicó que el Ejecutivo autonómico «actuará» tanto si los hechos son ciertos como si no lo son , de forma que si lo denunciado «no se ajusta a la realidad» se tomarán las «medidas oportunas» contra el firmante, pues se trataría de una «calumnia con expansión pública y mediática».