El PP llevará a los tribunales el caso de la empresa «chiringuito» del PSOE en Leganés

La formación popular denuncia irregularidades en la incorporación al Consistorio de los trabajadores del ente, en proceso de liquidación y señalado por la Intervención municipal

El alcalde de Leganés, Santiago Llorente ABC

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El PP llevará a los tribunales el caso de la empresa pública de Leganés señalada como un «chiringuito» por la oposición. El portavoz de la formación en la localidad, Miguel Ángel Recuenco , detalló este domingo que denunciará los «enchufes» en el ente Leganés Gestión de Medios, solo unos días después de que ABC revelase la maniobra del Ayuntamiento –gobernado por el PSOE y Más Madrid Leganemos– de liquidar la sociedad y reubicar a cuatro trabajadores en la plantilla municipal sin examen previo.

La judicialización es el último episodio de toda la polémica en torno a Gestión de Medios. Como informó este periódico a comienzos de este año, las sospechas respecto al buen funcionamiento de la entidad son una constante desde que la Intervención municipal alertase del enorme desfase entre los gastos y la «escasa o mínima» actividad de la empresa , con prácticamente todo el presupuesto –500.000 euros cargados a las arcas públicas– dedicado al pago de las nóminas de los cuatro empleados. El último gerente, Jesús Monroy, dimitió tras la publicación de esta presunta anomalía.

«Con más de 13.000 parados que tiene Leganés y con un drama sanitario, social y económico sin precedentes, es vergonzoso que el alcalde socialista solo piense en enchufar a sus estómagos agradecidos con generosos sueldos que pagarán todos los vecinos», declaró Recuenco a través de un comunicado.

Hasta 45.700 euros

La intención del Gobierno local, dirigido por el socialista Santiago Llorente , es que, una vez liquidada la entidad, los trabajadores pasen a formar parte de la plantilla del Consistorio. A los implicados se les han ofrecido diferentes puestos, que oscilan entre los 32.150,70 euros y los 45.700 euros, variando en función del grado de cualificación de cada cargo. A esta denuncia, además, podría sumarse la de otro partido de la opisición en Leganés, ULEG, que aún estudia si ir por la vía administrativa o la penal. Ambos recuerdan que contrataciones de ese tipo ya han sido anuladas en Fuenlabrada.

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