Investigan al exalcalde de Venturada por cargar al Ayuntamiento gastos de la urbanización donde residía

El Juzgado número 2 de Torrelaguna investiga, tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Venturada (2.241 vecinos) la pasada legislatura (2015-2019), gobernado por el partido local Independientes de Monterrey. El Ministerio Público acusa al exalcalde, Daniel Caparrós; al arquitecto municipal, Jesús G. B.; y a todos los concejales del pleno –Gobierno y oposición– de malversación de caudales públicos, de un delito continuado de prevaricación y de usurpación de funciones públicas por cargar, supuestamente, gastos de mantenimiento y conservación de la urbanización Cotos de Monterrey –donde reside Caparrós y parte de los ediles– a las arcas públicas, consumado con la recepción total de esta zona residencial por el Consistorio.

El escrito de la fiscal, que el pasado mes de julio ya pidió que los denunciados fueran citados a declarar como investigados , parte sus pesquisas de un acuerdo de Pleno de agosto de 2018, cuando la cámara municipal aprobó por unanimidad que el Ayuntamiento asumía todos los costes de Cotos de Monterrey. Este extremo, según la denuncia, podría ser contrario a Derecho por varias cuestiones. En primer lugar, porque los estatutos de la propia urbanización estipulan que los gastos de mantenimiento y conservación han de ser costeados por los propietarios y también porque en la escritura de cesión de viales y zonas verdes al Consistorio se mantenía esa cláusula. La Fiscalía, además, detalla que la recepción de la urbanización se hizo a pesar de que la secretaria interventora emitió varios informes desfavorables al respecto.

El escrito remitido al Juzgado de Torrelaguna señala que Caparrós fue informado por la interventora de que el acta de recepción de la urbanización «no reunía los requisitos de validez que exigía» la ley de Suelo de la Comunidad de Madrid, por lo que debía subsanar los efectos con un nuevo otorgamiento del acta, en un acto al que asistiese un técnico habilitado. Sin embargo, siempre según la denuncia de la Fiscalía, tampoco se corrigió. El alcalde de Venturada no solició esa asistencia a la Comunidad de Madrid y encomendó esa tarea a Jesús G. B. Este lo hizo, apunta el Ministerio Público, con unas características muy similares al anterior que fue rechazado.

Caparrós, preguntado por ABC, niega cualquier irregularidad y alude a un informe de la Dirección General de Urbanismo y Suelo , dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, que certifica la legalidad de la recepción de la urbanización por parte del Consistorio de Venturada. El documento, firmado en julio de 2018, indica que «se ajusta a Derecho que el Ayuntamiento asuma los gastos de la urbanización, puesto que es una obligación legal del mismo mantenimiento de la urbanización», justificada esta maniobra también en la disolución previa de la entidad que regía la zona de Cotos de Monterrey.

El exalcalde del municipio, además, defiende ante este diario que el trabajo del arquitecto municipal fue adecuado pese a no ser funcionario, habida cuenta de que otro de los elementos de la denuncia es que este trabajador no estaba capacitado para la labor que desempeñó. Caparrós se escuda en otro informe de la Dirección General de Urbanismo, que atiende esta cuestión por la petición de esta y otras administraciones. «Los ayuntamientos pueden disponer de personal técnico contratado en régimen de derecho laboral o que preste servicios mediante un contrato administrativo de servicios, para la emisión de informes técnicos que sean tomados como base para la adopción de resoluciones en materia de control urbanístico, tanto para la concesión de licencias como para el control de las comunicaciones y declaraciones responsables, así como para la adopción de resoluciones en materia de disciplina urbanística, con las condiciones señaladas respecto de su habilitación técnica y la sujeción a la normativa en materia de incompatibilidades», expone.

La idoneidad o no del arquitecto municipal es uno de los puntos que desarrolla la documentación que un particular hizo llegar a la Fiscalía y por la que inició su trabajo y posterior denuncia. El Ministerio Público abrió las diligencias de investigación por esta cuestión y por la acusación de que el entonces alcalde y parte de la corporación abarataban los recibos de su comunidad de vecinos con cargo al Ayuntamiento de la localidad, con partidas indebidas y el consiguiente perjuicio para las arcas públicas. El caso está pendiente de la decisión del titular del Juzgado de Torrelaguna , que casi un año después de que la fiscal presentara la denuncia no ha citado a declarar a ninguno de los acusados.